Barcelona.- Todos los jueces de instrucción de Mataró (Barcelona) se han volcado hoy para empezar a interrogar a los 77 detenidos en la macrorredada de los Mossos d'Esquadra contra talleres ilegales, que permitió liberar de la explotación a unos 450 ciudadanos chinos que vivían en condiciones infrahumanas.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, ha autorizado a los titulares de los juzgados de instrucción número 1, 3 y 4 a colaborar con la titular del juzgado número 2, que es la que instruye la causa, para poder agilizar los interrogatorios.
De esta forma, a lo largo de la jornada de hoy y la de mañana, los cuatro jueces se volcarán en los interrogatorios, que además, de forma excepcional, se efectuarán en las comisarías y no en las dependencias judiciales, para agilizar los trámites, ya de por sí lentos debido a las dificultades en la traducción.
Los 77 detenidos se encuentran en los calabozos de varias comisarías de la región metropolitana norte de Barcelona, entre ellas las de Mataró, por lo que los jueces se desplazarán a diferentes localidades para proceder con los interrogatorios.
Las mismas fuentes han señalado que el hecho de que los cuatro jueces de instrucción de Mataró se hayan volcado en estos interrogatorios no ha dejado desatendidos los casos urgentes ni la guardia, así como las vistas previstas para hoy.
La operación policial del pasado martes, la más importante llevada a cabo por los Mossos, que desplegaron más de 750 agentes, sigue abierta, ya que la policía catalana investiga ahora el destino de las piezas de ropa que confeccionaban los trabajadores que eran explotados, para descubrir qué empresas se acababan beneficiando de su trabajo.
Los 77 detenidos, todos ellos de origen chino, menos uno que es español, están acusado de un delito contra el derecho de los trabajadores.
Los empleados trabajaban los siete días de la semana, con jornadas de más de 12 horas, y en la mayoría de los casos vivían en los propios locales, en condiciones infrahumanas, ya que cobraban un sueldo mísero que les impedía pagar un alquiler.
Se da el caso de que en algunos talleres los agentes descubrieron que había retrovisores de vehículos clavados en las paredes, que permitían a los capataces controlar en todo momento el ritmo de trabajo de las víctimas, que casi en su totalidad eran mayores de edad.
Las zonas habilitadas para que las víctimas de la explotación durmieran -por turnos- son espacios muy pequeños, sin ventilación, con lavabos muy sucios y cocinas de butano sin las mínimas condiciones de salubridad.
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