Madrid/Toledo.- El PP y el PSOE hacen balance en el ecuador de la legislatura municipal y autonómica, y mientras los populares acusan al Gobierno de poner en peligro el principio de igualdad en infraestructuras y financiación, los socialistas creen que en estos años se han impuesto los pactos y las medidas sociales.
Esta es una de las conclusiones que se extraen del balance realizado para Efe, en el ecuador de la legislatura autonómica y local, por parte de dos presidentes autonómicos representativos del PP y del PSOE como son Ramón Luis Valcárcel, de Murcia, y José María Barreda, de Castilla-La Mancha.
Para el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, estos dos años se resumen en una frase: "organizar un desarrollo sostenible" y, para ello, se ha tenido que dar prioridad a lo urgente sobre lo importante, "y lo urgente, hoy, es combatir la crisis".
Barreda ha valorado los pactos alcanzados, en su comunidad, con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, y que han favorecido a la vivienda, a los autónomos, a los desempleados, la educación, el sistema de salud y bienestar social y, en definitiva, todas las políticas sociales.
Antes de julio, se pondrá en marcha "un gran pacto por Castilla-La Mancha", que pretende "que todos digamos qué debemos hacer para salir, primero, de esta situación, y diseñar, después, qué modelo de crecimiento económico y de creación de empleo queremos para nuestra región durante los próximos años".
Valcárcel acusa al Gobierno de "poner en peligro el principio de igualdad en infraestructuras y financiación" y pide al Ejecutivo que, en los dos años que restan, recupere el principio de solidaridad que se "quebró" cuando Rodríguez Zapatero llegó a la Presidencia y derogó el trasvase del Ebro.
Ambos dirigentes han hablado del agua, un asunto que estos dos años ha enfrentado a ambas regiones y ha bloqueado la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, ya que PP y PSOE no se han puesto de acuerdo en una fórmula que aborde la cuestión del Tajo-Segura y cómo se redistribuirán los sobrantes de las cuencas excedentarias.
Sobre este asunto, Barreda ha subrayado que ninguna región, que no sea Castilla-La Mancha, podrá decidir sobre su Estatuto y ha insistido en que aspira a que "esta tierra tenga agua para hoy, para mañana y para pasado mañana", y que haya "agua para todos, pero no para todo. Para beber sí, pero no para usos insostenibles".
Por su parte, el presidente murciano se ha referido al asunto del agua y ha criticado al Ejecutivo por poner también en peligro, estos dos años, el principio de solidaridad entre comunidades en política hidráulica.
Según ha relatado Valcárcel, su región mantendrá cada una de sus reivindicaciones porque "Murcia no quiere más que otras regiones, pero tampoco menos".
También se refieren ambos a la crisis, que "es dura, es quizás la peor del último siglo", según Barreda, quien comenta que su Gobierno fue el primero que la abordó "claramente" y para enfrentarla acordó gobernar "en coalición con la sociedad, con estabilidad política y social, y sin cruzarse de brazos.
Deja claro al respecto que la crisis no va a hacer mella en las políticas sociales, pues se mantiene el compromiso de destinar el 6 por ciento del PIB regional a Educación, así como la inversión en Sanidad, Bienestar Social y Dependencia.
"Superaremos las dificultades y conquistaremos el futuro si los castellanomanchegos afrontamos juntos este momento con espíritu de superación y luchando hasta el final", plantea el presidente castellanomanchego, que insiste: "es el momento de jugar en equipo, pero limpiamente y con nobleza, respetando al adversario y sabiendo que el éxito ha de ser de todos".
Y plantea como condición "confiar en nuestras propias posibilidades para salir adelante", pues la comunidad "cuenta con muchas personas muy preparadas que no se resignan y que saben que su éxito individual ha de redundar en el éxito colectivo".
Por su parte, el presidente murciano sostiene que su gabinete "se crece ante las adversidades" y, en el ecuador de este mandato, "los esfuerzos para salir fortalecidos serán más intensos".
Así, asegura que cuando "otros se empeñaban en negar la crisis", el Gobierno de Murcia fue el primero en adoptar medidas como los planes de dinamización económica o las ayudas de 420 euros a los parados que han agotado los subsidios.
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