Vitoria.- La Defensa del ex edil del PP Jorge Ibarrondo ha concluido hoy que su cliente no prevaricó al autorizar una licencia urbanística en Ali porque dicho expediente fue aprobado meses antes por "silencio administrativo", mientras que el Fiscal y la acusación particular han ratificado sus peticiones de pena.
Hoy se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria la última sesión del juicio contra el ex concejal de la capital alavesa.
Está acusado de un presunto delito de prevaricación por firmar el 1 de junio de 2005 una licencia que autorizaba la construcción de siete chalés en el pueblo de Ali en una parcela en la que, según varios informes técnicos basados en la normativa urbanística, únicamente se podían construir seis viviendas porque el espacio medía menos de 2.000 metros cuadrados.
El juicio ha quedado visto para sentencia después de la declaración de dos peritos y de la exposición de las conclusiones de los abogados de las partes personadas en este proceso.
El abogado de Ibarrondo, Pedro Luis Elvira, ha revelado en el último momento un dato que no se conocía hasta ahora que desmonta, en su opinión, las acusaciones de prevaricación que mantienen la Fiscalía y la acusación particular que representa Ezker Batua.
Según Elvira, casi tres meses antes de que Ibarrondo firmara la licencia, concretamente el 15 de marzo de 2005, dicho expediente se aprobó por "silencio administrativo" y en este tipo de casos "no cabe resolución denegatoria" por lo que, en su opinión, el ex concejal actuó correctamente al autorizar la licencia.
Además, la Defensa ha argumentado que la licencia fue autorizada por Ibarrondo porque, según los datos aportados por la empresa, la parcela de Ali medía más de 2.000 metros cuadrados, ha recalcado que "no se ha probado ninguna irregularidad" y ha pedido la absolución para el ex político.
Durante la primera sesión del juicio, Ibarrondo se declaró inocente del delito de prevaricación porque la licencia "era ajustada a derecho" y hoy ha dicho a la juez que se ha sentido "protegido, escuchado y entendido" en esta vista tras más de dos años de un "injusto linchamiento y escarnio mediático y político".
El Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de una pena de seis meses de prisión y la inhabilitación para el cargo de concejal durante siete años para Ibarrondo por un delito de prevaricación, mientras que la acusación particular de EB también ha solicitado un año de cárcel y ocho años de inhabilitación por el mismo motivo.
Tanto la Fiscalía como la acusación consideran probado que dicha licencia fue autorizada a sabiendas de que era ilegal ya que los informes técnicos negativos emitidos desde el servicio municipal de Edificaciones indicaban que la parcela medía menos de 2.000 metros cuadrados y no podía acoger siete viviendas, sino seis.
Salgado Iglesias, la empresa constructora de estos chalés, que ya están edificados y ocupados, presentó una petición de licencia para esta obra que fue rechazada por el Ayuntamiento en un primer momento.
Posteriormente la empresa presentó sus alegaciones que nuevamente fueron rechazadas y más tarde volvió a solicitar la licencia aportando una serie de datos en los que constaba que la parcela medía más de 2.000 metros cuadrados, motivo por el que Ibarrondo, según ha reconocido, pidió que se revisase el expediente.
Finalmente, el ex concejal autorizó la licencia "sabiendo que la resolución era correcta", según ha indicado.
El abogado de EB, José Ángel Esnaola, ha insistido en sus conclusiones en que el ex edil tomó una decisión "injusta contraria a las normas urbanísticas vigentes" y que no comunicó a ningún órgano de control del Ayuntamiento los motivos de su decisión pese a los informes técnicos contrarios.
El letrado de la empresa Salgado Iglesias ha dicho que la licencia se atiene a la "total legalidad", y el abogado del Ayuntamiento ha indicado que "quizás se ha ido demasiado lejos" con este asunto que, a su juicio, debería ir por la vía contencioso-administrativa en lugar de por la penal.
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