Piden a un juez la difusión de informes oficiales sobre las posibles torturas de EE.UU.

Nueva York.-  La American Civil Liberties Union (ACLU), el mayor grupo de derechos civiles de EE.UU., presentó hoy una demanda ante un tribunal de Nueva York para reclamar que se hagan públicos escritos que, según cree, vincularían al Gobierno de George W. Bush con la tortura de prisioneros fuera de su territorio.

"La información que ya es de dominio público pone en evidencia que las políticas de tortura eran diseñadas y desarrolladas a los más altos niveles de la Administración Bush", aseguró hoy el director del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, Jameel Jaffer.

Sin embargo, "aún no se han contestado ciertas cuestiones sobre qué permitían exactamente esas políticas, cómo se implementaron y quién las secundó", añadió Jaffer en un comunicado en el que explicó que "esta demanda es un intento de rellenar ciertos agujeros del relato".

Entre los documentos que se reclaman ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York están dos escritos firmados por John Yoo y Steven Bradbury, ambos abogados de la Oficinal de la Asesoría Legal del Departamento de Justicia durante la Administración de George W. Bush.

El primero de ellos está fechado el 22 de julio de 2002 y es una carta sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura enviada por Yoo a Alberto Gonzales, asesor legal de la Casa Blanca entre 2001 y principios de 2005 y posterior Fiscal General de EE.UU.

El segundo escrito fue elaborado en 2007 y en él Bradbury analiza la legalidad de las técnicas autorizadas por la Agencia Central de Información (CIA) para interrogar a los prisioneros de Estados Unidos recluidos en prisiones fuera de su territorio.

También reclamaron documentos enviados por la Casa Blanca durante el Gobierno de Bush a la CIA, que ya se pidieron el año pasado y que están relacionados con el uso de las llamadas "técnicas severas de interrogatorio".

Esta demanda forma parte de la estrategia de la organización para lograr "la divulgación completa de la información relativa a la tortura durante el Gobierno de Bush, la creación de un registro histórico detallado, el nombramiento de un fiscal independiente para investigar posibles cuestiones de responsabilidad penal y el reconocimiento y la indemnización de las víctimas".

"No podemos esconder los abusos de los últimos ocho años bajo la alfombra", dijo Alex Abdo, también miembro del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.

Apuntó que "restablecer el estado de derecho y la autoridad moral de Estados Unidos nos obliga a enfrentar los abusos de la Administración Bush, reconocer a las víctimas y pedir cuentas a quienes pusieron en marcha políticas ilegales".

La semana pasada esta misma organización, con el apoyo de muchas otras, pidió al Tribunal Federal de Apelación de Nueva York que mantuviera la orden que obligaba al departamento de Defensa a publicar las fotografías que documentan los abusos cometidos contra sospechosos de terrorismo.

En concreto, la ACLU reclamó que ese tribunal se opusiera a la petición presentada el pasado 28 de mayo por el Gobierno del presidente Barack Obama para que se cancelara la orden de publicar unas 2.000 fotografías, que muestran abusos cometidos por militares estadounidenses en cárceles de Irak y Afganistán durante el mandato de George W. Bush.

El tribunal ordenó en septiembre de 2008 que se publicaran fotografías de los reos torturados por soldados estadounidenses, después de sopesar una demanda planteada por la organización pro derechos civiles bajo la Ley de Libertad de Información.

Inicialmente, el Gobierno de EE.UU. había indicado que no apelaría esa decisión judicial, pero poco después anunció su oposición a la publicación de las imágenes, al considerar que su divulgación pondría en peligro a los soldados estadounidenses en el exterior.