Santander.- Los grupos parlamentarios han cerrado hoy el debate de la propuesta de reforma de la Ley del Suelo, que posibilitará la construcción de viviendas en suelo rústico, sin un acuerdo sobre el contenido de la norma y sobre la manera de hacer posible la construcción de un polígono industrial en Liébana.
La reforma, que previsiblemente se aprobará este mes en el pleno, permitirá construir viviendas en suelo rústico de protección ordinaria y rehabilitar edificaciones ganaderas para destinarlas a uso residencial, cultural, actividades de ocio, artesanales o de turismo rural.
El grupo parlamentario popular ha defendido hoy en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo las 16 enmiendas que ha presentado a la proposición de ley de reforma propuesta por el PRC y el PSOE, porque considera que, tal y como esta planteada, no desbloquea nada, sino que supone "más parálisis, y más bloqueo" y representa un "engaño" a los ciudadanos.
La proposición de ley determina que serán los ayuntamientos los que fijarán en qué terrenos se puede construir a través de planes especiales, que deberán ser aprobados por la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CROTU), una regulación a la que el PP se opone porque cree que demorará años la obtención de una licencia de construcción, según ha afirmado hoy en la Comisión parlamentaria la diputada María José Sáenz de Buruaga.
Según esta parlamentaria, la fórmula del plan especial es un instrumento "totalmente arbitrario", que carece de criterios "ciertos y objetivos" y que dará lugar a 102 planes especiales distintos, "si es que algún día consiguen aprobarse".
Las enmiendas del PP suponen, según esta diputada, una "reforma de calado", con el único objetivo de desbloquear "de manera real, inmediata y efectiva" la construcción de viviendas en suelo rústico, al sustituir el plan especial por un sistema de actuación directa, con unos criterios "técnicos , objetivos y máximos" para todos los municipios.
En un momento de su intervención, Sáenz de Buruaga ha dicho que el PRC y el PSOE no quieren esta reforma, sino que han pretendido "acallar la presión política y el clamor popular".
El portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, ha acusado al PP de estar obsesionado por aparecer como el adalid de las modificaciones y ha afirmado que el planteamiento de su grupo es otro: buscar soluciones.
Bajo su punto de vista, la oposición oculta con "palabras gruesas y descalificaciones" su falta de argumentos.
De la Sierra ha opinado que, frente a la propuesta del PP, la de socialistas y regionalistas da una solución total y absoluta al problema que se plantea.
El socialista Martín Berriolope ha opinado que el lenguaje convierte a la parlamentaria del PP en una persona "incapaz de negociar y de llegar a acuerdos", por la descalificación "tan brutal" que hace de la ley, y ha afirmado que el método que propone a través de sus enmiendas sería "un foco de tensiones permanentes y de conflictos" y no resolvería nada.
Berriolope ha dicho que la proposición de ley de reforma presentada por socialistas y regionalistas satisface la demanda de la mayoría de los ciudadanos, aunque "seguramente" no resuelva la "amplitud" de las demandas.
El PP y los grupos que apoyan al Gobierno han llegado a un acuerdo sobre el plazo de tramitación por la CROTU del catálogo de edificaciones que deberá elaborar cada ayuntamiento para determinar que viviendas pueden ser rehabilitadas y cambiar de uso.
La oposición había presentado una enmienda para obligar a la CROTU a emitir un informe en dos meses, un plazo que, a petición de socialistas y regionalistas, ha sido ampliado a tres.
La Comisión ha concluido el debate previo al pleno sin un acuerdo sobre cómo hacer posible la construcción de un polígono industrial en Liébana, ya que el PP defiende un plan especial y el PRC y el PSOE un PSIR.
Los grupos que apoyan al Gobierno no han recogido su propuesta de PSIR en una enmienda, lo que les obliga a llegar a un acuerdo para redactar una transaccional con el PP, que, tras la comisión, ha asegurado que mantendrá la oferta de diálogo y consenso hasta el pleno.
El PP está dispuesto a aceptar que se apruebe un PSIR, pero siempre que en el texto de la reforma quede claro que se limita a una actividad industrial para los municipios afectados por las NUR y hasta que se aprueben el Plan Regional de Ordenación del Territorio.
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