Valencia.- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha afirmado hoy que nueve sentencias reconocen la legalidad del Plan de El Cabanyal y que "no se ha entendido" la última resolución al respecto del Tribunal Supremo (TS), "ya que dice que el Gobierno central tendrá que decidir, cuando no sabe ni dónde está el barrio".
Barberá ha contestado así en un comunicado a las preguntas de los periodistas sobre el fallo del TS conocido ayer y que desestima los recursos interpuestos por la Generalitat y la Administración del Estado contra la sentencia que ordenaba "retrotraer" el expediente del plan municipal de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia.
El TS deja abierta de este modo la vía para revisar la legalidad de la prolongación de esa avenida sobre el barrio marítimo de El Cabanyal y remite al Ministerio de Cultura la decisión sobre si la apertura de la avenida al frente marítimo, que conllevaría el derribo de varios bloques de viviendas, es o no ilegal.
Por su parte, Barberá ha defendido "la legalidad" del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PREPI) de El Cabanyal-Canyamelar por estar avalada, según ha dicho, por "más de nueve sentencias, varias del Tribunal Supremo, que reconocen esa legalidad desde la perspectiva de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, y de la Ley de Patrimonio Histórico Español".
"Parece ser que no se ha entendido bien -el fallo judicial-, ya que se ha dicho que el Gobierno tendrá que decidir la legalidad de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez al Cabanyal, cuando éste no sabe ni donde está" ese barrio, ha ironizado la alcaldesa.
Ha explicado que, en cuanto supo de esta nueva sentencia, se puso en contacto con los servicios jurídicos municipales, y estos le indicaron que el contenido de esa resolución "en nada perturba la legalidad del plan aprobado y la ejecución del mismo".
"Los vecinos pueden estar tranquilos porque vamos a continuar con el proyecto que ha sido refrendado política, judicial y administrativamente", ha declarado.
Por lo que respecta a la solicitud que el Tribunal realiza al Ministerio de Cultura para que éste motive si es legal o no la prolongación, la alcaldesa ha argumentado que anteriores sentencias del TS plantean que el plan "no tiene encaje en el concepto de expoliación, por amplio que sea el sentido de este término".
"Ya se ha enjuiciado la legalidad del PEPRI desde el punto de vista de su posible afección al Patrimonio Histórico, y se ha negado la existencia de expolio", ha añadido.
"El tema está claro, se pueden buscar tres pies al gato, pero la realidad es la que es, y este equipo de gobierno va a continuar trabajando con el proyecto iniciado hace más de una docena de años", ha concluido.
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