San Pedro de Macorís (R.Dominicana).- Unos 500 empleados haitianos de un ingenio azucarero de San Pedro de Macorís (este de la República Dominicana) comenzaron hoy a comparecer ante la Justicia para exigir que la empresa, para la que llevan trabajando años, les suministre contratos escritos que regulen sus derechos laborales.
Las declaraciones comenzaron con 62 haitianos que acudieron a la corte de apelación de Trabajo en demanda de contratos, seguros y otras prestaciones al ingenio Cristóbal Colón C. por A., perteneciente al grupo empresarial Vicini, para el que muchos de ellos llevan trabajando varias decenas de años.
Guillermo Jean, que lleva desde los diez años trabajando en la empresa, pidió hoy contratos para él y sus compañeros, además de paga de navidad, bonificaciones y pensiones para los empleados retirados.
"Cuando uno trabaja y llega diciembre sabe que le espera algo, pero a nosotros nunca nos han dado nada. Estamos cansados", dijo a Efe tras prestar declaración.
"Ahora las cosas están terribles. Los padres no pueden comprar a los muchachos un cuaderno ni les pueden dar de comer bien", aseguró Jean, quien dijo que gana unos 400 pesos dominicanos (11 dólares) a la semana.
"Me duele ver a los muchachos gritar a sus madres, porque cuando un muchacho grita es porque necesita algo", añadió en un trabajoso español.
La corte de apelación se ocupa de este caso al haber recurrido la compañía una sentencia anterior del juzgado de Trabajo que la obligaba a formalizar los contratos por escrito.
El tribunal ha fijado para los próximos días las comparecencias de 300 de los 500 trabajadores.
Las de hoy fueron las primeras de una serie de declaraciones fijadas para este mes en lo que, según los abogados de los trabajadores, es un caso sin precedentes en la República Dominicana, tanto por el tipo de reclamación como por el gran número de demandantes y su condición de inmigrantes.
La empresa se niega a confeccionar los contratos porque alega que los trabajadores son "trashumantes".
"Son trashumantes, no paran en un sitio, muchas veces duermen en un batey (nombre que reciben los poblados en los que habitan los trabajadores) y al otro día no amanecen allí, cogen sus bártulos y se van", dijo a Efe el abogado de la compañía, Mario Carbuccia.
Según el letrado, "no hay un control de esa población flotante para poder hacer un contrato, porque nada asegura que van a permanecer los seis meses de zafra", el tiempo de corte y recolección de la caña de azúcar.
Los abogados de los trabajadores, sin embargo, rechazan este argumento, que consideraron un mero "pretexto".
Hay trabajadores que "dicen que están aquí desde el año 1967", explicó a Efe el letrado Natanael Santana, quien mencionó el caso de un empleado que "fue repatriado, pero en cuestión de semanas estaba de nuevo" en las plantaciones.
"Son trabajadores a los que ellos han estado pagando, les han dotado de documentación y, es más, viven en los bateyes", afirmó.
Su compañera, Noemí Méndez, agregó que la exigencia de contratos escritos obedece a que el hecho de que "sea verbal deja a la buena fe de la empresa una serie de condiciones que son indispensables" para una adecuada relación laboral.
Los empleados, algunos de ellos vestidos con sus mejores ropas, dejaron hoy los humildes bateyes y abarrotaron la sala de audiencias.
Allí permanecieron varias horas para prestar declaración ante los magistrados, que les preguntaron por la antigüedad de su relación con la empresa, la labor que llevan a cabo y otros detalles de su situación laboral.
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