Belfast (R.Unido) 8 jun (EFE).- Más de diez años después de que 29 personas.- Belfast (R.Unido) 8 jun (EFE).- Más de diez años después de que 29 personas, dos de ellas españolas, muriesen en el atentado de Omagh (1998), un tribunal de Justicia identificó y condenó hoy a cuatro de los responsables de aquella acción terrorista, la más sangrienta en la historia del conflicto norirlandés.
Entre ellos figura Michael McKevitt, quien cumple desde 2002 veinte años de cárcel por dirigir durante un año las actividades del IRA Auténtico (RIRA), la escisión del Ejército Republicano Irlandés (IRA) que se atribuyó el atentado.
Los otros tres condenados son Seamus Daly, Liam Campbell y Colm Murphy, mientras que el quinto demandado, Seamus McKenna, fue absuelto por el Alto Tribunal de Belfast.
El juez instructor, Declan Morgan, solicitó una indemnización de algo más de 1,8 millones de euros (2,5 millones de dólares) para las familias por daños y perjuicios, una suma que, en su mayor parte, saldrá de las arcas del Estado, el principal responsable civil subsidiario.
La multimillonaria demanda civil había sido presentada por el Grupo de Acción de Omagh ante el fracaso de las autoridades irlandesas y norirlandesas para encontrar, casi once años después, a los responsables y para aportar nuevas pruebas.
El portavoz de las familias, Michael Gallagher, aseguró hoy que su victoria "manda un mensaje importante a los terroristas y las víctimas en todo el mundo, pues ahora tienen un instrumento para enfrentarse a los que asesinaron a sus seres queridos".
"Hemos demostrado -dijo- que si el sistema judicial penal no es capaz de impartir justicia, el sistema judicial civil sí puede. Creo que es una tremenda victoria."
Su frustración con el sistema penal se acentuó en diciembre de 2007, cuando la Justicia absolvió al norirlandés Sean Gerard Hoey del asesinato de las 29 personas que fallecieron en Omagh, entre otras razones, por las irregularidades de las investigaciones de las fuerzas del orden.
En las demandas civiles, el juez necesita menos pruebas para dictar sentencia, mientras que en los procesos penales la culpabilidad del acusado debe demostrarse sin que quede duda razonable alguna.
Bajo estos parámetros, Morgan aseguró hoy que McKevitt era un destacado miembro del RIRA en el momento del atentado y que estuvo "seriamente implicado" en la provisión de explosivos para la acción terrorista en Omagh.
"Tuvo y siempre ha tenido un papel de liderazgo significativo en el RIRA", recordó el magistrado, quien sostuvo sus acusaciones en las pruebas facilitadas por el agente del FBI estadounidense David Rupert infiltrado en la organización tras el atentado.
Respecto a Colm Murphy, siempre según los testimonios de Rupert, Morgan lo identificó, "sin lugar a dudas", como uno de los siete miembros del Consejo Armado del RIRA, su máximo órgano de decisión.
Entre las pruebas presentadas por las familias contra Liam Campbell y Seamus Daly, destacan los registros y seguimientos de dos teléfono móviles usados el día de la explosión en Omagh.
El magistrado recalcó que las evidencias demuestran que ambos terroristas "estuvieron en posesión" de esos celulares "antes y después" del atentado.
Desde el comienzo de este proceso en abril de 2008, los costes legales para el Grupo de Acción Civil de Omagh han superado los dos millones de euros, parte de los cuales han salido de contribuciones del ex presidente estadounidense Bill Clinton, los ex ministros británicos para Irlanda del Norte Peter Mandelson y Patrick Mayhew, así como de activistas como Bob Geldof o el ex boxeador Barry McGuigan.
Seamus Daly y Michael McKevitt están actualmente encarcelados en la República de Irlanda por pertenencia al IRA Auténtico, mientras que Murphy fue condenado en enero de 2002 a catorce años de prisión por conspirar en el atentado de Omagh, pero fue puesto en libertad al año siguiente mientras espera la celebración de otro juicio.
Liam Campbell se encuentra ahora bajo custodia policial en Irlanda del Norte a la espera de que se tramite una orden de extradición emitida por las autoridades de Lituania por supuestos delitos de contrabando de armas.
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