Valencia.- El Consell Jurídic Consultiu (CJC) aprobó en 2008 un total de 872 dictámenes, de los que 671 (el 76'95%) se refirieron a peticiones de indemnización por daños y perjuicios, y en los que en la "inmensa mayoría" se concluyó que no existe responsabilidad patrimonial de la Administración.
Así lo recoge la memoria de esta institución consultiva de la Generalitat, aprobada hoy por unanimidad en un pleno extraordinario del CJC, que refleja que el año pasado recibieron 831 consultas (frente a las 911 del año 2007) y aprobaron 872 dictámenes (frente a los 1.119 del ejercicio anterior).
Una de las novedades de esta memoria es el incremento "notable" de las consultas de Ayuntamientos, Diputaciones y Universidades, pues en el caso de los Consistorios se ha pasado de las 72 consultas del año 2007 a los 379 dictámenes emitidos el año pasado, cifra muy cercana a los 483 dictámenes referidos a la Generalitat.
Esto supone que el 43% de los dictámenes del CJC corresponden a la Administración local, una "tendencia creciente" gracias a la reforma de la ley de esta institución aprobada hace dos años, que extendió la preceptividad de las consultas de los expedientes de responsabilidad patrimonial a Corporaciones locales y Universidades.
En este apartado, destaca el número de consultas del Ayuntamiento de Alicante (78), frente a las 22 del de Castellón o las 9 del de Valencia, mientras que las Universidades formularon diez consultas.
La reforma de la ley del CJC también incluyó la fijación de un tope mínimo de 3.000 euros para las consultas preceptivas en los casos de responsabilidad patrimonial, lo que ha conllevado un descenso "notable" de los referidos a la Conselleria de Educación, donde se ha pasado del 30-40% de 2007 al 7% del año pasado.
Ese límite cuantitativo es también la causa, a juicio del presidente del CJC, Vicente Garrido, de que haya descendido el número general de consultas a la institución, si bien este órgano valenciano es el segundo de España en número de dictámenes aprobados, sólo por detrás del de Castilla y León.
Ese límite también ha supuesto que la Conselleria de Sanidad haya sido el departamento que ha originado más consultas (272), y que constituyen el "grueso" de los expedientes de responsabilidad patrimonial.
La memoria de 2008 recoge una serie de sugerencias, como que se generalice como medida preventiva la comunicación al Ministerio Fiscal de las indemnizaciones por daños y perjuicios concedidas a los menores de edad incapacitados.
Sobre la posible prescripción de las sanciones que hayan sido recurridas en alzada, plantea aplicar la novedosa doctrina del Constitucional que señala que no puede iniciarse el cómputo del plazo de prescripción de la sanción aunque hayan pasado tres meses desde la interposición de recurso de alzada contra una resolución sancionadora.
El CJC también recomienda modificar el decreto del Consell sobre registros de las Administraciones públicas, para establecer que cuando en uno se presenten varios escritos de idéntico contenido dirigidos a órganos o Administraciones distintas, el funcionario encargado debe informar acerca de todos los órganos a los que ha sido enviado.
La memoria de 2008 no incluye, por corresponder a este ejercicio, la consulta de Les Corts sobre los finiquitos a los ex diputados, en la que se hicieron una serie de recomendaciones que "han sido tomadas en consideración", ha dicho Garrido, o la referida a la ley de Protección de la maternidad, que incluía "preceptos de carácter programático, que no es los propio" de una ley.
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