Santander.- Sniace ha asegurado hoy que la sentencia de la Audiencia de Cantabria que absuelve al secretario de su consejo, Miguel Gómez de Liaño, de un delito ecológico por los vertidos no autorizados que hizo en 2006 su fábrica de Torrelavega corrobora la "diligencia" de la empresa en materia ambiental
Gómez de Liaño se enfrentaba a una solicitud de condena de cinco años de cárcel por parte del Ministerio Fiscal, que le señalaba como responsable de que la empresa siguiera arrojando al río Besaya aguas contaminantes a finales de 2006, a pesar de que se le había retirado el permiso de vertidos por sus reiterados incumplimientos.
El tribunal ha entendido que, aunque esos vertidos no estuvieran autorizados, no suponían un grave daño para el medio ambiente, por lo que no cabe tipificarlos como delito.
En un comunicado colgado en su página web, Sniace se congratula de la absolución de Gómez de Liaño y le expresa todo su apoyo.
Para la empresa, la sentencia dictada hoy por la Audiencia de Cantabria confirma "el buen quehacer profesional" del secretario de su consejo administración.
Sniace sostiene que este fallo absolutorio también corrobora "la actuación diligente que viene efectuando la empresa durante los últimos años en su continua apuesta por la protección, el fomento y el desarrollo del medio ambiente".
"Prueba de ello, son todas las inversiones medioambientales ejecutadas en el transcurso de los últimos ejercicios y acreditadas en el transcurso del procedimiento y que ascienden en global a unos aproximadamente 77 millones de euros", añade.
Sniace tiene previsto poner en marcha este verano una depuradora de aguas residuales e industriales, en la que ha invertido casi 24 millones de euros.
La empresa asegura que esa instalación culmina una serie de actuaciones que "la ponen en vanguardia de vanguardia dentro de la defensa y el desarrollo del medioambiente".
Cuando perdió el permiso de vertidos, Sniace arrojaba por sí sola al estuario del Besaya una contaminación equivalente a la que hubiera producido una ciudad de medio millón de habitantes que vertiera al río sus aguas residuales sin depurar, según informó en ese momento la Confederación Hidrográfica del Norte.
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