Las Palmas de Gran Canaria.- El secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de Catalunya, Albert Batlle, advirtió hoy del peligro que supone que el delito se deje de considerar como fruto de las deficiencias estructurales de la sociedad.
Batlle, en la inauguración de las XVIII Jornadas de Magistrados de Vigilancia Penitenciaria en la capital grancanaria, dijo que en la nueva concepción se entiende el sistema penal como la concatenación de dos aspectos, una personalidad delictiva y una insuficiencia de respuesta punitiva por parte del Estado, que no es cierto, afirmó.
Las leyes penales en España son de "importante dureza" y la sociedad no debe olvidar que la Constitución establece el carácter rehabilitador y reeducador de las penas privativas de libertad.
"Tenemos un mandato por imperativo constitucional y las tendencias últimas en materia de política penal fortalecen otros principios distintos", sostuvo.
Por otra parte, Batlle se refirió a las modificaciones que se han producido en la ley penal y lamentó que se hayan "aparcado" otras como la Ley General Penitenciaria y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Batlle subrayó la necesidad de prestar "atención muy especial" a los instrumentos legislativos para ejecutar las medidas alternativas y coincidió con la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en que España es el país con mayor población reclusa de los países europeos de su entorno.
Dijo que en 1984 la tasa de encarcelamiento era de 34 personas por 100.000 habitantes y se ha pasado a 156 por 100.000, lo que supone que "algo no funciona".
Manifestó que el Consejo de Europa ha alertado de las graves condenas porque hacen difíciles los procesos de reinserción social y señala que no deben ser superiores a los 5 años.
Frente a esta advertencia, citó que en Catalunya, que tiene las competencias plenas en materia penitenciaria, el 65 por ciento de las condenas son superiores a los cinco años y su duración sobrepasa los 8.
Destacó que es necesaria la reinserción del penado en la sociedad y perfeccionar los mecanismos del proceso rehabilitador, y reconoció que se hacen esfuerzos importantes en esta materia.
También se refirió al problema que presentan las medidas alternativas a la prisión, por la falta de medios y de legislación que las regule, e insistió en la denuncia reiterada de que se puede producir una prescripción del delito sin que el delincuente haya cumplido su pena.
En este sentido, reclamó que no se hagan más leyes ni cambios sin las dotaciones presupuestarias necesarias porque se está "al borde del colapso".
En Catalunya, el número de condenas con medidas alternativas en todo el año 2004 era de 1.300 y sólo el pasado mes de febrero llegó a 1.400, pero los recursos son los mismos.
"El legislador debe ser consciente de este problema", subrayó Batlle, quien consideró que sería una "burla absoluta" si prescribieran los delitos.
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