Bogotá.- El Gobierno colombiano ofreció hoy una recompensa equivalente a 116.802 dólares por informes que permitan la puesta en libertad de Armando Acuña, concejal secuestrado el viernes por la guerrilla de las FARC durante una jornada de asaltos y combates que dejó catorce muertos y nueve heridos.
Al menos cinco rebeldes, seis militares, un policía y dos civiles perecieron en estas acciones, que se presentaron en la localidad suroccidental de Garzón, de la que Acuña es legislador local, y la serranía sureña selvática de La Macarena, tres días después de cumplirse los 45 años de fundación de las FARC.
La compensación por informes sobre el concejal fue anunciada por el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el general Orlando Páez, durante un consejo de seguridad convocado en Garzón, la localidad del secuestro, por el Ejecutivo del presidente Álvaro Uribe.
La reunión la presidió el ministro interino de Defensa y comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, que se encontró en esa población del suroeste del país con la amenaza de una renuncia masiva de los legisladores locales.
En un receso del encuentro, el general Páez dijo a la prensa que la recompensa está destinada al ciudadano que "dé información que permita la liberación del concejal secuestrado".
Acuña fue hecho cautivo al atardecer del viernes por rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que irrumpieron en las edificaciones públicas de Garzón, localidad a la que los insurgentes llegaron en tres camionetas.
Los guerrilleros simularon ser miembros del Ejército con la misión de realizar una operación antiterrorista, según recordó el presidente del Legislativo municipal, Joselito Guevera, que en el momento conducía una sesión en la que estaban presentes los quince concejales de la población.
Durante la incursión, los rebeldes causaron la muerte de un policía, un soldado y dos vigilantes privados, y también dejaron heridas a otras tres personas.
Los rebeldes huyeron hacia la zona montañosa de los límites del departamento del Huila, al que pertenece Garzón, con el del Caquetá, conflictiva región con una fuerte presencia de las FARC.
Son "actos bárbaros de las FARC", expresó el general Páez, quien concurrió al encuentro de seguridad junto al alcalde de Garzón, Édgar Bonilla, y el gobernador del Huila, Luis Jorge Sánchez, entre otras autoridades.
"Es lamentable, pero vamos a seguir trabajando", afirmó el alcalde Bonilla, para quien los vecinos de Garzón viven en una "constante amenaza" que se deriva de la actividad de los rebeldes.
El presidente del Concejo coincidió con la percepción de Bonilla al advertir de que los políticos en Garzón trabajan en un ambiente de riesgo frente al cual están desprotegidos.
"La verdad es que nosotros no tenemos garantías", sostuvo Guevara, que en declaraciones a radios locales anunció la decisión de él y sus otros trece compañeros en el Concejo de dejar el cargo.
Guevara dijo que al texto de la dimisión solo le hace falta la firma de los catorce colegas del secuestrado Acuña.
"Vamos a ver qué pasa, a ver qué hace el Gobierno", expresó el concejal.
La incursión rebelde en Garzón, que fue atribuida a la Columna Móvil "Jacobo Arenas", de elite de las FARC, se produjo horas después de fuertes combates de la misma guerrilla con tropas militares en la serranía de La Macarena.
Un oficial y cuatro soldados profesionales perdieron la vida en estos enfrentamientos, en los que también murieron cinco rebeldes y resultaron heridos otros seis militares.
Los guerrilleros pertenecían al frente 44 de las FARC y entraron en combates con una brigada móvil de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que desembarcó el jueves en La Lindoza, paraje de La Macarena.
La Omega reúne a unidades del Ejército, la armada y la fuerza aérea, y tiene como misión perseguir al Secretariado (mando central) de la organización rebelde.
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