Oviedo.- La Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA) calcula que la potencia instalada en la región puede cuadruplicarse en los próximos cinco años y alcanzar los 1.500 megavatios (MW) si se cuenta con la cooperación de las administraciones locales y regional y se evitan retrasos como los que se dan en la actualidad en la tramitación de licencias.
Esta asociación, que agrupa a todos los promotores con parques autorizados en la región, ha mostrado hoy su "preocupación" en un comunicado por la "incertidumbre" que hay en cuanto al desarrollo de parques eólicos en Asturias y de las inversiones posibles.
Según AEPA, desde 1999 el Principado ha autorizado la instalación de 843 MW, pero solamente se han instalado aerogeneradores con una potencia de 350 MW, el 41 por ciento de la permitida.
La nueva legislación y, dado el número de proyectos que se encuentran en fase de solicitud de autorización, en los próximos cinco años se podría incrementar hasta los 1.500 MW la potencia instalada, según los cálculos de ADEPA.
No obstante, advierte de que ese objetivo no se conseguirá si se mantienen los retrasos en la tramitación urbanística de los parques eólicos desde las administraciones locales y autonómica que "van más allá de los plazos razonables".
AEPA considera que los 1.500 MW posibles conllevarían 2.110 millones de euros de inversión, la mitad de la cual recaería directamente sobre el Principado y beneficiaría a empresas de obra civil, eléctrica, fabricantes de componentes y empresas de transporte.
Según sus cálculos, se crearían en torno a 350 puestos de trabajo directos diarios durante la fase de construcción y más de 150 puestos fijos en las tareas de operación y mantenimiento posteriores, además de los puestos de trabajo indirectos correspondientes.
A estos beneficios suma el hecho las arcas de los ayuntamientos recibirían unos 7,5 millones de euros en concepto de licencias de obra y unas rentas anuales en torno a 15,5 millones derivados de ocupación de terrenos, convenios e impuestos.
A estas cantidades se añadirían alrededor de 3,4 millones de euros al año de rentas a propietarios particulares de terrenos donde se situarían los aerogeneradores.
Esos 1.500 MW evitarían también la emisión de 1,96 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y la importación de combustibles fósiles por valor de 118 millones de euros.
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