La Paz.- El Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia quedará en suspenso hasta el próximo año cuando sus nuevos miembros sean elegidos mediante el voto de los ciudadanos, como establece la Constitución promulgada en febrero pasado, informó hoy el Gobierno.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, dijo hoy que el Parlamento actual ya "no tiene facultades" para hacer designaciones en el TC, que desde el lunes quedó sin un solo miembro debido a la dimisión de la única magistrada que continuaba en su cargo.
La magistrada Silvia Salame presentó al Congreso su renuncia, que será efectiva a partir del 26 de junio, con el argumento de que además del "maltrato y acoso" que sufre el TC de parte del Ejecutivo ahora se ha reducido drásticamente su presupuesto de funcionamiento.
Otros cuatro miembros del Tribunal renunciaron sucesivamente desde el 2007 en medio de presiones del Ejecutivo, que pretendía enjuiciarlos por una presunta prevaricación en sus decisiones.
García Linera, que también es presidente del Congreso, dijo hoy que con la nueva Constitución las autoridades judiciales deben ser elegidas por votación universal, lo que sucederá el próximo año, después de las elecciones generales previstas para diciembre.
Los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional (éste será su nuevo nombre), así como otros cargos del Poder Judicial, serán elegidos en las urnas de candidatos preseleccionados por la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (equivalente al actual Congreso) resultante de los comicios.
La crisis que desde hace dos años vive el Tribunal Constitucional ha provocado, entre otros efectos, la acumulación de más de 4.000 demandas pendientes de resolver que afectan a 27.000 ciudadanos.
García Linera dijo hoy que la renuncia de Salame no tiene por qué afectar a la justicia porque, en su criterio, se trata de una persona con un "cargo político".
"La ciudadanía no tiene por qué temer nada, no tiene de qué preocuparse. Al contrario tal vez (esté) un poco más contenta, porque hay una cargo político menos" en la justicia, dijo García Linera en alusión a la renuncia de Salame.
El presidente Evo Morales ha acusado varias veces al Poder Judicial de corrupción y a sus miembros de ser afines a los partidos que los nombraron en el Congreso en anteriores legislaturas, unas críticas que los magistrados siempre han rechazado.
La situación del TC agrava la crisis del Poder Judicial en Bolivia, donde la Cámara de Diputados aprobó recientemente, con los votos mayoritarios del partido de Morales, la suspensión del presidente de la Corte Suprema Eddy Fernández.
En ese caso, el argumento del oficialismo contra Fernández fue el retraso deliberado del juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por el "genocidio" del "octubre negro" de 2003, en el que más de 60 personas murieron víctimas de la represión militar de una ola de protestas sociales.
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