Bruselas.- Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy formalmente dos importantes normas sobre inmigración: las sanciones mínimas a los empresarios que contraten a irregulares y la "tarjeta azul" para atraer a trabajadores muy cualificados.
Ambas directivas fueron aprobadas como puntos sin debate en la reunión de ministros de Agricultura que se celebra en Bruselas, después de que el Parlamento Europeo (PE) las respaldase tras el acuerdo en el seno del Consejo.
Las dos medidas son piezas "importantes" dentro de la política de la UE de promover la inmigración legal y combatir la irregular, señaló el comisario europeo responsable de cuestiones migratorias, Jacques Barrot.
A partir de mañana, los Estados miembros tendrán un plazo máximo de dos años para aplicar la norma sobre las sanciones, que establece que las empresas son responsables de comprobar que todas las personas de países extracomunitarios que emplean tienen documentos en regla y sanciones mínimas para quien incumpla la legislación.
Las sanciones para quienes contraten a irregulares abarcan desde multas, en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador, hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años.
Además, el empresario deberá abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador hubiese tenido un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados.
Al mismo tiempo, la directiva prevé sanciones penales para los casos más graves: si el empresario es reincidente, si contrata a un gran número de personas en situación irregular, si explota a los inmigrantes, si la persona empleada es víctima de tráfico de seres humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor.
En caso de que el empleador sea un subcontratista, el contratista principal y los intermediarios serán considerados responsables, y su implicación será plena si se demuestra que estaban al corriente de la situación de ilegalidad de la empresa subcontratada.
La ministra española de Medio Ambiente y Medio Rural, Elena Espinosa, dijo que en España la medida "no tendrá mayor impacto", ya que existe "una regulación buena en cuanto a mano de obra inmigrante".
"Por un lado tenemos contingentes contratados en origen, por otro contingentes de aquellos que están en el país con toda la documentación", explicó Espinosa a su llegada al Consejo de Ministros.
Por ello, opinó que la entrada en vigor de esta medida "afectará a otros Estados miembros que no tenían regulación, pero seguiremos actuando como veníamos actuando hasta ahora".
La nueva directiva forma parte de un paquete de medidas puesto en marcha por los Veintisiete para promover la inmigración legal y combatir la ilegal.
Se calcula que en los veintisiete países de la Unión Europea hay entre 4 y 8 millones de inmigrantes indocumentados.
En cuanto a la "tarjeta azul", establece un sistema común de ventajas laborales y legales para los trabajadores altamente cualificados procedentes de fuera de la UE.
El mecanismo entrará en vigor a mediados de 2011 y permitirá que, tras un período inicial de dieciocho meses en un primer país europeo, estos inmigrantes puedan trabajar en el resto del territorio comunitario.
La norma ofrece también ventajas para el reagrupamiento familiar y el trabajo de los cónyuges.
Los trabajadores disfrutarán de los mismos derechos que sus colegas europeos en cuestiones como condiciones laborales, salario, libertad de asociación o pensiones.
El objetivo de esta medida es atraer a la UE a inmigrantes muy cualificados, que en general suelen dirigirse preferentemente a Estados Unidos, Canadá, Suiza o Australia.
Barrot confió en que la aplicación de esta medida ayudará a mejorar la competitividad económica de la Unión Europea y a solucionar los problemas que creará el envejecimiento de la población comunitaria.
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