Los Ayuntamientos adaptarán a la ley del ruido su normativa y formarán el personal

Valladolid.-  Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad estarán adaptados a las exigencias de la nueva Ley del Ruido antes de 2012, tanto en lo que respecta a la modificación o elaboración de un mapa del ruido como en la formación de los técnicos encargados de las mediciones acústicas.

El proyecto de ley se presentará el próximo día 27 de mayo en el Parlamento autonómico.

Durante esta mañana, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha mantenido en Valladolid una reunión con representantes de los municipios de más de 20.000 habitantes, en la que ha informado sobre las acciones que deberán acometer para adaptarse a la Ley del Ruido y las ayudas que recibirán del Gobierno autonómico.

Ruiz ha trasladado a estos representantes su intención de firmar un convenio, por el que la Junta de Castilla y León estaría realizaría las inversiones necesarias para modificar de los mapas de ruido de estos municipios.

"No es el mejor momento para las corporaciones locales, por lo que estaríamos en disposición de poder asumir el costo de estas inversiones desde Medio Ambiente", ha explicado Ruiz en declaraciones a los periodistas.

El único de ellos que no tiene elaborado un documento de este tipo es Laguna de Duero, en Valladolid, puesto que recientemente ha superado la cifra de 20.000 habitantes, ha precisado.

La consejera ha destacado la necesidad de tener en cuenta los desarrollos de cada ciudad a la hora de elaborar los mapas del ruido, ya sea en zonas residenciales, espacios abiertos o vías de transporte.

Junto con este plan, el Gobierno autonómico dispondrá una serie de cursos en colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), para el personal técnico encargado de las mediciones acústicas de estos municipios.

Mediante estas actividades, que se desarrollarán entre 2009 y 2011, se revisarán los conocimientos de estos profesionales y se comprobará si los aparatos que utilizan son los necesarios para las exigencias de la nueva normativa.

Según reza el proyecto de ley, se aplicará "a todos los emisores acústicos, públicos o privados, así como a edificaciones" de la Comunidad, incluidas todas las actividades domésticas, que la normativa estatal excluye.

También fija los criterios para autorizar el funcionamiento de emisores de ruido, y regula los requisitos que deben cumplir las empresas para su autorización, con la obligatoriedad de presentar un informe para la renovación de la licencia cada ocho años.

Asimismo, "establece objetivos de calidad y valores límite para instalaciones existentes y nuevas -la estatal sólo se refiere a estas últimas-, y obliga a que bares musicales y similares instalen sistemas de limitación y control del ruido".

La norma tiene como objetivos prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica, conseguir una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y poner al alcance de las administraciones instrumentos para su logro.

Con seis títulos y sesenta artículos, también recoge un régimen sancionador para faltas muy graves, en los casos en los que se superen en más de 10 decibelios los permitidos, las graves, más de cuatro, y las leves, que afectan a cuestiones como que se instalen sistemas de alarma y vigilancia sin autorización municipal.

Para las faltas muy graves las sanciones oscilan entre los 300.000 y los 12.000 euros, las graves entre esta última cantidad y los 601, y las leves hasta 600 euros.

El proyecto delimita los tipos de áreas acústicas, que clasifica en interiores y exteriores, desarrolla y regula todo lo referido a prevención y corrección de la contaminación acústica y regula la actividad inspectora.