¿Abrirá por fin la banca el grifo de la financiación para las viviendas protegidas? Esa es la esperanza que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha despertado hoy en todos aquellos que aspiran a hacerse con una de las casas que saldrán al mercado con el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012. Para "ayudar a que el dinero llegue a los ciudadanos", el Ministerio se convertirá en aval de la mitad del importe de las hipotecas que se concedan al amparo del programa estatal. ¿Será éste el empujoncito definitivo para que eche a andar el 'proyecto estrella' de Corredor?
La ministra tiene muy claro que "la peor hipoteca es la hipoteca que no se da". Y eso es, precisamente, lo que quiere hacer entender a la banca, "tomando medidas para que las entidades financieras que hoy dicen que 'no' a una familia cuando pide un préstamo para comprar su vivienda protegida, le den un 'sí'". Sus armas para combatir esta negativa son dos: por un lado, compartirá riesgos con bancos y cajas; y, por otro, 'premiará' a aquellas que sean 'más generosas' con sus hipotecas.
Corredor calcula que, gracias al aval del Estado, 100.000 familias tendrán garantizado el acceso a una vivienda protegida (VPO). Para conseguirlo, se convertirá en garante (avalista) del "50% del volumen de los nuevas hipotecas" que se concedan para su compra. Y esto, ¿qué significa? Pues que todos aquellos que soliciten un crédito para adquirir una de las VPO, tanto de nueva construcción como procedentes del stock sin vender que se acojan al Plan, tendrán a 'papá Estado' de avalista —no a un familiar o a un amigo—, que responderá por la mitad de su hipoteca ante el banco en caso de impago.
Pero todo tiene sus límites. El Ministerio sólo está dispuesto a garantizar hasta 6.000 millones con cargo a sus presupuestos, lo que supone que la suma total de las hipotecas con aval estatal que concedan bancos y cajas de ahorro para la compra de VPO no superará los 12.000 millones de euros. Además, esta línea de incentivos a la banca, que no estará operativa hasta julio, sólo se mantendrá vigente durante este año y el que viene, y es exclusiva para las hipotecas de nueva creación, no valen subrogaciones, ni ampliaciones.
Se trata de una garantía "coyuntural y variable", ha dicho Corredor, cuyo objetivo es "dar seguridad a la banca para que conceda créditos" en una situación de crisis financiera e inmobiliaria como la actual. De ahí que se haya marcado el límite de 2010, aunque la ministra asegura que el plazo de cobertura de las garantías estatales "llegará más allá". Eso sí, no ha determinado cuánto más allá llegará, dependerá "del grado de compromiso de las entidades con la financiación de la compra de VPO en el nuevo Plan".
Y para animar a la banca a conceder esos créditos, Corredor ha decidido 'premiar' de alguna manera a las entidades que sean más 'generosas' con los demandantes de pisos protegidos. Esto es, a aquellas que concedan préstamos de este tipo por encima de los 75 millones de euros anuales o que incrementen el volumen anual de los mismos en 20 millones.
A todas ellas se les concederá el título de "entidades colaboradoras preferentes", lo que es supondrá "mayores garantías en la nueva línea", y les permitirá participar en la Mesa de Seguimiento Financiero del Plan —a la que hasta ahora sólo se han sentado los representantes de bancos (Asociación Española de la Banca) y cajas (Ceca)—. Además, estos 'elegidos' podrán utilizar "un distintivo" que los identifique como "colaboradores preferentes", para "su más fácil identificación por parte del ciudadano".
Según Corredor, hoy por hoy habría entre 9 y 12 entidades con este perfil. No obstante, aún no hay nada firmado, ni se ha seleccionado a este 'elitista' club. La ministra ya ha convocado a una reunión a todas las entidades interesadas en participar en el Plan de Vivienda para plantearles todas las novedades. Una reunión en la que también participará el ICO, que se encargará de gestionar el presupuesto del Ministerio destinado a avales.
Corredor no ha mostrado ni la más mínima preocupación por el riesgo que puede asumir el Estado con esta medida. El Ministerio ha establecido el 3% como límite máximo asumible en la morosidad de la cartera de créditos para VPO de cada entidad que quiera sumarse a esta medida. Además, la titular de Vivienda ha recordado que los impagos en hipotecas rondan actualmente el 2,36%, "porcentaje que es inferior en el caso de los préstamos para adquisición de VPO". Por lo que "el tope del 3% se garantiza de sobra" y se establece un riesgo asumible para el erario público.
¿Convencerán estas medidas a los que tienen la llave del grifo del crédito en España?
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