Madrid.- El Consejo de Ministros autorizó hoy la firma del convenio de financiación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012 con cerca de 120 entidades de crédito, según informó hoy la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega explicó que con la "eminente" firma del convenio, que se llevará a cabo "en los próximos días", habrá culminado en siete meses toda la tramitación del plan de vivienda, que entró en vigor el 1 de enero.
La vicepresidenta señaló que el convenio distinguirá a los bancos y las cajas que más se comprometan "con la financiación de la vivienda protegida y con las familias que requieren préstamos para acceder a ella".
El Ministerio de Vivienda considerará entidades colaboradoras preferentes a aquellas que concedan préstamos convenidos por encima de 75 millones de euros anuales o incrementen el volumen anual de la concesión de este tipo de préstamos en 20 millones de euros.
A cambio, estas entidades obtendrán mejores condiciones en la línea de cobertura de los créditos hipotecarios por la que el Ministerio de Vivienda, a través del ICO, avalará la compra de hasta 100.000 viviendas protegidas.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, presentó hoy ante el Consejo de Ministros un informe sobre el desarrollo de este "ambicioso plan", que movilizará préstamos por un importe de 34.000 millones de euros, que cuenta con una financiación estatal de 10.188 millones y que prevé 996.000 actuaciones.
La cuantía total máxima de préstamos que se concederán este año para la financiación de las actuaciones que contempla el plan asciende a 7.630 millones de euros, mientras que el importe para los ejercicios siguientes se fijará dos meses antes de que empiece el año en cuestión.
Gracias a los acuerdos firmados con las comunidades y ciudades autónomas, el Ministerio de Vivienda adquirió un compromiso de inversión de más de 8.300 millones de euros, lo que permitirá "el acceso a una vivienda o la mejora de la que ya tienen a más de 700.000 familias", dijo De la Vega.
El plan pretende crear "una política de vivienda más sostenible", destinando al alquiler casi el 45% del total de las actuaciones de VPO y empleando cerca de 2.000 millones de euros en actuaciones de renovación, lo que permitirá rehabilitar 470.000 viviendas, dijo.
La vicepresidenta primera apuntó que el plan tiene el doble objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y de dinamizar ese "importante mercado" en la coyuntura económica actual, donde "de cada diez viviendas de protección oficial, ocho corren a cargo de los presupuestos del Estado".
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