Madrid.- La viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo, Eva Piera, ha denunciado hoy en un comunicado que el Ministerio de Industria "ha optado, ante la actual situación de crisis económica, por ponérselo más difícil a un colectivo ya de por si castigado como es el de las 'pymes' con un nuevo 'tarifazo' recogido en la nueva regulación del suministro de último recurso".
Tras la nueva normativa aprobada por el Gobierno de la nación, "los pequeños y medianos empresarios, con una ausencia total de información, deberán negociar sus contratos de suministro en un ambiente económico poco propicio para poder obtener descuentos de las empresas comercializadoras", ha añadido.
De acuerdo al calendario previsto en la reciente normativa elaborada por el Gobierno central, Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica, el próximo 1 de julio desaparecen las tarifas integrales, pudiendo solamente acogerse a las denominadas "tarifas de último recurso" los consumidores finales de energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 kW.
Esto supone que los consumidores que tengan contratada una potencia a partir de los 10 kW, consumos asignables fundamentalmente a pequeños establecimientos de hostelería, comercios, oficinas medianas, bares y pequeños restaurantes y en menor proporción a pequeños establecimientos industriales, manufacturero y de un cierto componente artesanal, deberán contratar directamente en el mercado libre con un comercializador.
La mayoría de los actuales consumidores domésticos y una pequeña parte del sector servicios podrán seguir acogiéndose a la tarifa de último recurso. Sin embargo, aquellos consumidores finales que por la característica de su vivienda y el número de personas que la habitan necesiten una potencia superior a los 10 kW de potencia contratada, se quedan fuera de la tarifa en el plazo de dos meses.
Piera ha denunciado que el nuevo borrador de orden de desarrollo que ha elaborado el Gobierno de Zapatero se prevé que en el caso de que estos consumidores no sean capaces de negociar un contrato con un comercializador, se les incrementará el coste de la energía un 20% con referencia al precio de la tarifa de último recurso, concluyendo en el mes tercero con la rescisión automática del contrato en vigor.
"Se elige el camino de la penalización para justificar la total ineficacia del Gobierno central para culminar con éxito el proceso de liberalización y trasladar a los consumidores los beneficios del mismo", ha insistido la viceconsejera.
"No puede entenderse que el camino hacia la liberalización del sector eléctrico y la incorporación de competencia tenga como consecuencia un grave perjuicio para el consumidor final en quien, en primer término, deberían redundar los beneficios del proceso liberalizador", ha señalado Piera.
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