San Sebastián.- Las Juntas Generales de Guipúzcoa han pedido hoy al Gobierno Vasco que mantenga en los presupuestos del próximo año la línea de subvenciones para los familiares de los presos vascos, tanto los de ETA como los comunes, que se encuentren en cárceles de fuera del País Vasco.
La cámara foral guipuzcoana ha aprobado, con los votos del PNV, EA, Aralar y EB, una resolución en la que se reclama además a la Diputación de Guipúzcoa que "haga un seguimiento especial" de lo que decida el Gobierno Vasco y que, si el nuevo ejecutivo que preside el socialista Patxi López decide retirar esta partida, la institución foral "adopte las medidas que fuesen necesarias".
La resolución finalmente aprobada responde a una enmienda transaccionada por PNV, EA y Aralar, mientras que este grupo había pedido, en la propuesta original, que la Diputación incluyera en los presupuestos del próximo año una partida para sufragar los desplazamientos de los familiares de los presos vascos si el Gobierno Vasco no lo hacía.
Rebeca Ubera, portavoz del grupo proponente, Aralar, ha afirmado que estas subvenciones no se otorgan a los presos, sino a sus familiares, quienes no deben ser castigados, a su juicio, por los delitos cometidos por los reclusos.
Ubera ha explicado que cada semana las familias de los reclusos que se encuentran fuera del País Vasco afrontan un gasto medio de 377 euros y ha sostenido que los allegados de los presos de ETA también son "víctimas" del "conflicto vasco", por lo que deben beneficiarse de una medida encaminada a "humanizar" el conflicto.
En parecidos términos se han expresado PNV y EA, formaciones que han rechazado que se considere delincuentes también a los familiares de los presos de ETA, que no tienen responsabilidad sobre las acciones cometidas por sus allegados.
Tanto Maribel Vaquero (PNV) como Juan Carlos Bengoa (EA) han explicado que las ayudas puestas en marcha por el anterior Gobierno Vasco se dirigen a las familias de los reclusos y no a los propios presos, en función de la rentas que tienen.
El portavoz de Ezker Batua, Mikel Izagirre, ha acusado además al PSE/EE de ser "rehén del PP" al plantear la retirada de las subvenciones, ya que el pasado año los socialistas apoyaron los presupuestos del Gobierno Vasco, que incluían la partida destinada a los familiares de los reclusos.
Por su parte, el procurador socialista José Morcillo ha acusado a Aralar, PNV, EA y EB de mantener una "fría equidistancia" entre los terroristas y las víctimas, ya que la iniciativa aprobada hoy constituye, a su juicio, "un menosprecio al dolor de las víctimas", quienes ni siquiera pueden hacer viajes largos para poder hablar con sus familiares asesinados por ETA.
Se ha preguntado "cuándo registrarán" los grupos nacionalistas alguna iniciativa en favor de las víctimas, tras lo que ha tachado de "hipócrita" manifestarse a favor de los afectados por la violencia de ETA al tiempo que se piden ayudas para su entorno.
El juntero del PP Manuel Michelena ha argumentado que los presos de ETA, al recibir subvenciones públicas, "interpretan que su postura antisocial y antidemocrática tiene un respaldo".
Michelena ha afirmado que Aralar, PNV, EA y EB deben saber que con este tipo de iniciativas una parte de la sociedad se siente "ofendida", tras lo que ha justificado las medidas de dispersión como una forma de "perseguir a ETA dentro y fuera de las cárceles", ya que se pretende evitar su organización en los centros penitenciarios.
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