Valencia.- La portavoz del grupo Compromís en Les Corts Valencianes, Mònica Oltra, ha presentado ante la Mesa de la Cámara un recurso de reposición para que la presidenta "reconsidere", por "no ajustarse" a derecho, la decisión de expulsarla del pleno por llevar una camiseta alusiva al president del Consell.
La presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, expulsó la semana pasada del pleno a Oltra por llevar una camiseta con la cara del president de la Generalitat, Francisco Camps, y la frase en inglés "Se busca. Sólo vivo".
En el recurso de reposición, Oltra expone que poco después de entrar al hemiciclo algunos diputados del PP le "increparon e insultaron", y seguidamente el portavoz del grupo popular "interrumpió la sesión plenaria para pedir la palabra", tras lo que la presidenta le instó a quitarse la camiseta.
Añade que intentó pedir la palabra y no le fue concedida, aunque pudo preguntar fuera de micrófono si la presidenta pretendía que se quedara en ropa interior, tras lo que se suspendió el pleno por cinco minutos y la presidenta llamó a consultas a los portavoces.
"Llegados a este punto, y después de algunos insultos más que padecí por parte del portavoz del grupo popular, se me propuso cambiarme la camiseta, y a cambio poder hacer uso de la palabra por dos minutos", expone Oltra.
Según sus alegaciones, cuando iba a salir del hemiciclo, le llamó al orden la presidenta, por lo que volvió a su escaño para preguntar "en qué fundamento jurídico se basaba", si bien Martínez no le concedió la palabra, le llamó al orden dos veces más y la expulsó por "orden directa del portavoz adjunto" del PP según "se ha sabido" luego "por la grabación de la sesión".
La portavoz de Compromís defiende que "hasta la fecha no se ha fundamentado en qué derecho se basó dicha sanción", que le privó de participar en el pleno del 7 de mayo y de ejercer sus funciones como cargo público y su derecho al voto.
Por ello, considera que se ha "vulnerado" su derecho y el de los ciudadanos "a participar en los asuntos públicos", contenido en el artículo 23 de la Constitución española.
En consecuencia, solicita que se "reconsidere" la decisión de la llamada al orden y la expulsión impuesta, "por no ajustarse ésta a derecho".
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