Madrid.- El juez Fernando Grande-Marlaska ha archivado hoy la causa abierta a la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia (ANV), por mantener el nombre del etarra José Manuel Aristimuño, "Pana", en un parque de la localidad guipuzcoana, al haber accedido a retirar "las simbologías terroristas".
Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional en un auto en el que ha advertido de que "una hipotética recolocación o instauración de nueva simbología podría determinar la reapertura" de esta causa, que fue abierta tras ser admitida a trámite una querella de la asociación Dignidad y Justicia contra la alcaldesa por enaltecimiento del terrorismo.
No obstante, Beitialarrangoitia (ANV) tiene abierto otro procedimiento en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo por pedir un "chaparrón" de aplausos para los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, presuntos autores del atentado en la T-4 de Barajas, hechos por los que está pendiente de juicio.
Grande-Marlaska ha recordado que admitió a trámite esta querella al entender que existía delito en "la existencia de una calle a nombre de un miembro" de ETA, lo que "conforma un reconocimiento a su trayectoria vital" y se ha hecho "con un espíritu innegable de menosprecio a las víctimas".
Aunque Beitialarrangoitia no ostentaba responsabilidad alguna en el consistorio cuando se decidió dar el nombre de Aristimuño a dicho parque, el juez entendió que mantener esa nomenclatura implicaba "una voluntad cierta de loar" al etarra y, por ello, conminó a la alcaldesa a retirar ese nombre del callejero municipal porque oponerse a ello podría constituir indicio racional de criminalidad.
En un principio la alcaldesa se opuso a la retirada de esos símbolos etarras, "alegando ausencia de relevancia penal" por no formar parte del consistorio cuando se adoptó ese acuerdo, pero finalmente accedió a ello "sin necesidad de intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" cuando la Sala de lo Penal confirmó la resolución del juez de instrucción.
"Ese conjunto de circunstancias", ha explicado el juez, "conllevan a concluir la insuficiencia de elementos objetivos" que determinen un ánimo de enaltecer a terroristas, responsabilidad que "exigiría llamar como imputados al conjunto de personas que ostentaron la condición de alcaldes y ediles en el período posterior a la colocación de la simbología terrorista".
Esta fue la primera vez que un juez de la Audiencia Nacional ordenaba la retirada de una calle a nombre de un etarra por la vía penal, ya que hasta ese momento esas decisiones eran resueltas por la vía contencioso-administrativa, una jurisdicción que, según explicó Grande-Marlaska, ni puede ni debe invadir porque es la que debe analizar la legalidad de los acuerdos municipales.
Dignidad y Justicia presentó denuncias similares en los municipios de Zizurkil y Tolosa (Guipúzcoa), Arrigorriaga, Durango, Amorebieta y Leioa (Vizcaya) y Etxarri-Aranaz (Navarra).
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