El anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva, en otras palabras, el borrador de la futura Ley del Aborto, ha comenzado su andadura en solitario. El Consejo de Ministros —que se ha reunido hoy jueves por ser mañana festivo en Madrid— ha aprobado esta mañana el texto elaborado a partir de las recomendaciones del Comité de Expertos y de la Subcomisión del Congreso. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, han presentado un texto sin grandes novedades respecto a lo que ya se sabía. Algún matiz y poco más. Porque, como ya anunció la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, hace sólo seis días, se mantendrá hasta su punto más polémico: las menores de entre 16 y 18 años podrán abortar sin permiso paterno. Pero tendrá que seguir caminando hasta llegar a la meta. Y mientras, aquí te damos las claves de cómo está la situación.
Por mucho que nos empeñemos en decir que la nueva ley del aborto —que sustituirá a la de supuestos de 1985— será una ley de plazos, lo cierto es que se tratará de una ley mixta: de plazos hasta la semana 14 y de indicaciones entre la 14 y la 22. Esto quiere decir que cualquier mujer, a partir de 16 años, podrá interrumpir su embarazo libremente hasta la semana 14 de gestación. Sin dar explicaciones a nadie y, por supuesto, sin correr peligro de ir a la cárcel (sí lo seguirán corriendo los médicos que no cumplan la ley). "A las mujeres que tomen la decisión en las primeras 14 semanas se les dará información sobre todos los derechos, ayudas públicas, beneficios fiscales e información relativa los centros donde puedan recibir asesoramiento durante y tras el embarazo", ha explicado Aído. Y una vez con la información escrita en la mano —que se les dará en un sobre cerrado— deberán pasar un periodo de reflexión de tres días antes de someterse a la intervención.
Desde la semana 14 a la 22, sólo podrán abortar si se cumplen dos supuestos: cuando su salud corra peligro o haya malformaciones fetales y así lo determinen los médicos. Hablamos en plural porque deberán ser dos médicos distintos al que vaya a realizar el aborto quienes firmen la autorización. En la actual ley de supuestos —autoriza la interrupción si el embarazo es fruto de una violación, si el feto presenta graves taras físicas o psíquicas o si hay peligro para la madre— sólo se necesita la opinión de un especialista.
Por último, el texto —elaborado en conjunto por las carteras de Igualdad, Sanidad y Justicia— indica que a partir de la semana 22 sólo se podrá interrumpir el embarazo en caso de que el feto presente malformaciones que vayan a provocar su muerte nada más nacer o se le diagnostique una enfermedad extremadamente grave o incurable. Se ha elegido este momento porque "según la Organización de la Salud (OMS) es cuando hay viabilidad fetal con independencia de las mujeres", ha aclarado Aído. En este caso, la novedad respecto al informe del Comité de Expertos es que no habrá ni uno ni dos médicos que valoren la decisión, será un comité clínico compuesto por un ginecólogo, expertos en diagnóstico prenatal, pediatras y psicólogos clínicos.
El carácter gratuito de este derecho es sin duda una de las grandes novedades respecto a la ley vigente. Y es que actualmente sólo un 3% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hace en la Sanidad Pública sin necesidad de pagar nada por ello. El resto se hace en clínicas privadas. Pero ahora la situación va a ser muy diferente. Porque, según ha asegurado Aído, "la interrupción voluntaria del embarazo va a estar en la cartera nacional del servicio de salud, será pública y gratuita". Para poder someterse a un aborto será imprescindible una autorización firmada de la mujer.
Pero... ¿se puede negar un centro a practicar un aborto? La respuesta es no. Quien se puede negar es el médico. ¿Y si todos los médicos del centro se acogen a la objeción de conciencia? "El centro tiene la obligación de ponerse en contacto con otro y garantizarle a la mujer que pueda interrumpir voluntariamente su embarazo", ha explicado la ministra.
Como decíamos antes el texto de hoy es sólo un anteproyecto de Ley y para convertirse en norma deberá despojarse antes del 'ante' y del 'proyecto'. Será en dos pasos.
A partir de ahora, el documento deberá pasar el examen del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía. Con sus recomendaciones, el texto volverá al Consejo de Ministros que deberá aprobarlo de nuevo. Entonces dejará el 'ante' para convertirse en proyecto de ley. "Se pretende que sea antes de verano", explican desde la cartera de Aído.
Y a partir de entonces comenzará su trayectoria parlamentaria. Esto significa que el texto tendrá que ser aprobado en el Congreso y el Senado. ¿La fecha para convertirse en Ley a secas? Todavía no está clara, aunque "las previsiones son que sea a finales de año".
Éstos son los plazos del Gobierno, aunque el Partido Popular ha anunciado su intención de llevar la futura norma al Tribunal Constitucional. Ya votaron en su día en contra del texto de la subcomisión del Congreso. Lo que no hicieron es apoyar a los grupos antiabortistas en sus actos, de ahí que no estuviesen en su 'Marcha por la Vida'.
Y una vez que la ley se apruebe habrá que realizar un cambio extra. Será en la Ley de la Autonomía del Paciente. El cambio lo va a provocar el punto más debatido de la reforma: que las mayores de 16 años y menores de 18 puedan interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno. Esto obligará a que se modifique su artículo 9.4 que establece que los adolescentes no podrán tomar decisiones sobre su salud en tres situaciones: interrupciones voluntarias del embarazo, ensayos clínicos y técnicas de reproducción asistida. Lo que será es "eliminar ese punto", ha aclarado Aído.
Los cambios legales respecto a las interrupciones voluntarias del embarazo, ésos de los que llevamos hablando desde septiembre, se enmarcan en "una ley de Seguridad Sexual y Reproductiva". Porque el objetivo del Gobierno es "reducir el número de embarazos no deseados". De ahí su intención de incrementar la información sexual y facilitar el acceso a los anticonceptivos, entre ellos la píldora postcoital, como ya anunció el martes la ministra de Sanidad.
La decisión de Trinidad Jiménez no ha estado exenta de polémica y aunque el Gobierno no ha rectificado, sí ha dado algún matiz. Ayer la recién nombrada ministra se reunió con Pedro Capilla, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para establecer un marco de colaboración mutua: los farmacéuticos deberán dar información a las personas que acudan a comprar este medicamento.
La situación que viven nuestros países vecinos es muy similar a la que aspira a alcanzar el Gobierno. "Estamos ante un texto en línea con la realidad española de hoy y con los textos que rigen en otros países", decía De la Vega al principio de su intervención. Veamos entonces qué dicen.
Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Subir al principio de la página
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.