La Paz.- Los líderes de la región boliviana de Santa Cruz anunciaron movilizaciones y la formación de un equipo de abogados para defender a las autoridades y empresarios acusados por la Fiscalía de tener vínculos con el terrorismo, informó hoy una fuente oficial.
El Comité Cívico de Santa Cruz, que aglutina a diversas instituciones de esa región, informó en un comunicado que una asamblea regional declaró el "estado de emergencia y movilización general" para defender a los dirigentes acusados por la Fiscalía.
Un fiscal de La Paz implicó esta semana en una presunta trama de terrorismo al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y a los empresarios Branko Marinkovic, Guido Nayar, Pedro Yovhío y Mauricio Roca, entre otros.
Según el Gobierno, los dirigentes cruceños buscaban por medio de una banda terrorista organizar milicias para promover la separación de Santa Cruz de Bolivia, denuncia que han rechazado los acusados.
Las acusaciones señalan que el grupo de empresarios y autoridades tenían contactos con la banda armada abatida el pasado 16 de abril en un hotel de Santa Cruz, de la que eran miembros varios extranjeros.
El Comité Cívico cruceño ha negado las denuncias y "condena la actitud del Gobierno de amedrentar a los líderes autonomistas del país con este complot absurdo con base en declaraciones de individuos con largos prontuarios delictivos", indica el comunicado.
Las principales denuncias, según la Fiscalía, tienen origen en revelaciones de testigos de reuniones o contactos realizados en Santa Cruz entre los dirigentes y la banda de presuntos mercenarios.
No obstante, el diario La Prensa de La Paz asegura hoy que el abogado de uno de los testigos negó haber vinculado a empresarios y autoridades políticas de Santa Cruz con el grupo armado, dirigido por el croata boliviano Eduardo Rózsa, abatido hace tres semanas.
El Comité Cívico resolvió además asumir "la defensa activa de los derechos humanos de todos los bolivianos que sean víctimas del acoso del Gobierno" de Evo Morales y ha creado un órgano de defensa legal con la participación del Colegio de Abogados de la región.
Según los dirigentes regionales, las actuaciones del Gobierno están provocando inseguridad jurídica, de falta de respeto a los derechos humanos y además vulnerar la actuación de la Fiscalía.
A su juicio, el objetivo de la Administración de Morales es mantener la tesis del supuesto complot regional para "destruir a la oposición nacional desde Santa Cruz y acallar voces disidentes".
La oposición en Bolivia ha pedido insistentemente que Morales autorice una investigación internacional sobre lo sucedido y las denuncias de un presunto magnicidio, pero es una petición que el Gobierno ha rechazado para dejar el caso en manos de la Fiscalía de La Paz.
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