Washington.- El ex presidente de la Reserva Federal de EEUU Alan Greenspan abogó hoy ante el Senado por una reforma migratoria y aseguró que la inmigración ilegal ha contribuido "significativamente" al crecimiento económico del país.
Greenspan, que dirigió la Reserva Federal (banco central de EEUU) durante 18 años y medio, desde la presidencia de Ronald Reagan, aseguró ante el subcomité de Inmigración del Senado que el país necesita una "urgente" reforma del maltrecho sistema migratorio.
Se trata de la primera de una serie de audiencias que ha programado el Congreso para analizar la viabilidad de una reforma migratoria en 2009.
Greenspan señaló que la inmigración ilegal "ha hecho una contribución significativa al crecimiento de nuestra economía", porque los indocumentados son "un componente flexible de nuestra fuerza laboral".
Aseguró que los gastos y depresión salarial que éstos generan son "relativamente pequeños" y los beneficios que aportan a la economía superan "significativamente los costos".
La solución, a su juicio, es aplicar un programa de trabajadores temporales como parte de una amplia reforma.
El ex presidente de la Reserva Federal recomendó, al igual que lo han hecho empresas como Microsoft, un aumento en las visas "H1B" para trabajadores con educación universitaria y altas destrezas laborales, porque éstos son clave para la economía.
En la actualidad, el límite para las visas "H1B" es de 65.000 al año.
Greenspan argumentó que si EEUU amplía las visas para los extranjeros con altas destrezas laborales, éstos comprarían las casas ahora vacantes y, en un futuro cercano, ayudarían a reducir el impacto del creciente número de jubilados.
La comunidad inmigrante ha encontrado en Greenspan un aliado perfecto para promover la reforma migratoria, aparte del propio presidente Barack Obama, que anoche, durante una rueda de prensa, reiteró su compromiso por impulsar el debate migratorio este año.
Sin dar detalles, Obama dijo que pronto convocará a grupos de trabajo con líderes del Congreso para "comenzar a ver un marco para moldear una legislación" de reforma.
No obstante, reiteró que su Gobierno castigará a empresas que contraten a inmigrantes indocumentados.
De hecho, la audiencia se produjo poco después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, emitiera nuevas directrices que permiten las redadas en sitios laborales, castigarán a quienes a sabiendas contraten a indocumentados y continuarán el arresto y deportación de los extranjeros clandestinos.
La reforma, que en su momento contó con el apoyo del entonces presidente George W. Bush, fracasó en 2007 debido a la falta de consenso entre demócratas y republicanos, y el Congreso, ahora bajo dominio demócrata y con un aliado en la Casa Blanca, quiere retomar el asunto este año.
Sus partidarios insisten en que un plan viable de reforma tiene que incluir el reforzamiento de la vigilancia fronteriza y una vía para la legalización de unos doce millones de indocumentados, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos.
En declaraciones a los periodistas, el senador republicano de Texas, John Cornyn, dijo que la construcción del muro en la frontera sur, un aumento en los agentes de la Patrulla Fronteriza y las sanciones contra quienes emplean a indocumentados "ayudan a inspirar confianza" pero no son suficientes.
"Tenemos que demostrar que hablamos en serio sobre la seguridad fronteriza...y tienen que haber mecanismos para proteger los trabajos de los estadounidenses", subrayó Cornyn.
La audiencia, presidida por el demócrata Charles Schumer, contó con otros partidarios de la reforma migratoria, lo que sentó mal entre grupos conservadores que tachan la reforma como una "amnistía" inmerecida.
Estos grupos consideran que si el Congreso excluye a las voces que rechazan una amnistía y exigen más protecciones para los trabajadores estadounidenses, estaría reincidiendo en los errores del pasado.
Tanto demócratas como Schumer y republicanos como Cornyn reconocieron lo difícil que será echar a andar la reforma este año.
Sin embargo, Schumer cree que, esta vez, el apoyo de la opinión pública es mayor, si se toma en cuenta que el 57 por ciento de los estadounidenses cree que solución al problema migratorio debe ser una gran prioridad para el Congreso.
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