Washington.- La Casa Blanca ha querido arrancar con buen pie el debate sobre una reforma migratoria integral pero grupos conservadores desde ya hacen lo propio para torpedear la legalización de los extranjeros indocumentados, repitiendo el escenario de la debacle y trabas políticas de 2007.
Tras seis meses de retórica sobre un asunto que quedó relegado debido a la crisis económica y financiera, el presidente Barack Obama finalmente dijo el jueves pasado que la reforma es impostergable, que hay que arremangarse y ponerle manos a la obra.
Al reunirse con una veintena de líderes de ambos partidos del Congreso, reconoció, sin embargo, que no hay "consenso" sobre cómo corregir un sistema que ha dado pie a la presencia de doce millones de inmigrantes clandestinos.
Las fisuras existen tanto entre demócratas y republicanos como dentro de sus respectivos partidos, y ya salen a relucir divergencias en torno a qué hacer con los indocumentados, y si lanzar o no un nuevo programa de trabajadores "huéspedes".
Al salir de ese encuentro, por ejemplo, el senador republicano y ex rival de Obama en la contienda de 2008, John McCain, afirmó que no apoyará ninguna reforma que no incluya un programa de trabajadores huéspedes.
Por su parte, el senador demócrata Charles Schumer, que preside un subcomité de inmigración y sería uno de los autores de la reforma, apoya elementos como un incremento de la vigilancia fronteriza -una de las exigencias de los conservadores- y una vía para que los indocumentados "se ganen" la legalización en EEUU.
Pero, durante un foro ante el Instituto de Política Migratoria, Schumer también dejó entrever que no habría concesiones para adoptar un programa de trabajadores temporales, quizá en parte porque los sindicatos -un segmento clave de la base electoral de los demócratas- no lo apoyan.
Obama le ha encargado a su secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, que comience a preparar el terreno junto con líderes del Congreso para lograr un término medio que pueda satisfacer a todas las partes.
Así, la Casa Blanca y grupos pro-reforma suman esfuerzos para al menos reactivar el debate este año, con la esperanza de que el Congreso apruebe la reforma a más tardar el primer trimestre de 2010, antes de que los comicios parciales desvíen la atención de los legisladores.
Pero, con igual ahínco, los grupos conservadores refinan su estrategia mediática y su campaña de presión para asegurar que la reforma no contenga una "amnistía".
Grupos como el Centro para Estudios de Inmigración (CIS) y el Comité de Acción Política de Estadounidenses por una Inmigración Legal (ALIPAC) han retomado la batalla contra cualquier cosa que huela a "amnistía", reiterando sus quejas de que los indocumentados son una amenaza para la estabilidad económica y la seguridad nacional del país.
Mark Krikorian, del CIS, insiste en la "institucionalización" de nuevas medidas policiales, como el rastreo de los reclusos extranjeros en todas las cárceles del país y la vigilancia de las entradas y salidas del resto de los visitantes extranjeros.
Por su parte, William Gheen, de ALIPAC, azuzó a sus 25.000 partidarios activistas a que preparen una ofensiva contra el plan de reforma, que incluya llamadas y correos electrónicos al Congreso y la Casa Blanca.
"Este presidente no es un hombre del pueblo...es hora de que los estadounidenses de toda raza y partido político se alce en contra del plan de amnistía de Obama y le digan al unísono 'no se puede'", alegó.
Aún no existe un borrador de reforma y el debate se complica porque tampoco hay consenso sobre si comenzar las negociaciones en la Cámara de Representantes o en el Senado.
Los legisladores quieren que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, comience el debate, pero ella insiste en que comience en el Senado.
Los congresistas caminan sobre campo minado y afrontan la ingente labor de responder urgentemente a un problema que no va a desaparecer por arte de magia sino arriesgando el pellejo político.
Para comenzar, el muro, que empezó a construirse bajo el Gobierno anterior, ha reducido pero no ha frenado la inmigración ilegal. Y los conservadores están listos para derrotar la reforma, como lo hicieron en 2007.
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