Buenos Aires.- Cinco antiguos miembros del Ejército, entre ellos tres ex generales, se negaron a declarar hoy en el juicio que se les sigue por crímenes cometidos en una de las mayores cárceles ilegales de la última dictadura argentina (1976-1983).
Solamente un ex policía, el sexto de los acusados en este proceso, aceptó declarar en el juicio oral y público que desde el lunes lleva a cabo un tribunal federal por el secuestro y asesinato de un joven en el centro de detención que funcionó en la guarnición de Campo de Mayo, en la periferia norte de la capital argentina.
Los ex generales Santiago Omar Riveros, Ezequiel Verplaetsen y Osvaldo García se ampararon en el derecho a guardar silencio, al igual que los ex oficiales César Fragni y Raúl Harsich, al cumplirse hoy la tercera jornada del proceso en los tribunales de la ciudad de San Martín, vecina a Buenos Aires.
Riveros, Verplaetsen y García son los principales acusados por el secuestro del joven Floreal Avellaneda, quien fue hallado muerto por empalamiento en las costas de Montevideo sobre el río De la Plata, hito fronterizo entre Argentina y Uruguay.
Avellaneda, que a sus 15 años militaba en la Federación Juvenil Comunista, fue secuestrado en abril de 1976 por grupos paramilitares que lo llevaron a Campo de Mayo, cuyo jefe era por entonces Riveros, mientras que Verplaetsen dirigía la oficina de inteligencia y García una escuela del Ejército que funcionaban en la guarnición.
El ex policía Alberto Aneto fue el único de los seis acusados que adelantó que aceptó prestar declaración ante el Tribunal Oral Federal de San Martín.
El tribunal ha citado a declarar a unos 120 testigos, entre ellos la madre del joven, Iris Pereyra, secuestrada junto con su hijo en represalia a la huida de su marido, a quien también buscaban los paramilitares.
Pereyra fue víctima de aplicaciones de torturas y permaneció dos años detenida antes de ser liberada.
La Justicia argentina ha instruido unas 40 causas por crímenes cometidos contra unas 500 personas en Campo de Mayo, uno de los mayores centros de detención de la dictadura junto con el de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), de Buenos Aires, y el de La Perla, en la central provincia de Córdoba.
La represión desatada por la dictadura militar causó la desaparición de 18.000 personas, según cifras oficiales que los organismos humanitarios elevan a 30.000.
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