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Enjuician a los represores de una de las mayores cárceles de la dictadura argentina

EFE
Actualizado 27-04-2009 21:25 CET

San Martín (Argentina).-  El primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en una de las mayores cárceles ilegales de la dictadura argentina comenzó hoy a las afueras de Buenos Aires, con los ex generales Santiago Omar Riveros y Ezequiel Verplaetsen sentados en el banquillo junto a otros cuatro acusados.

Riveros, entonces jefe del complejo militar de Campo de Mayo, y Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia de la guarnición, afrontaron la primera jornada del juicio por el secuestro y asesinato por empalamiento del joven Floreal Avellaneda, cuyo cuerpo apareció en 1976 en las costas de Montevideo.

Por el mismo caso son procesados el ex director de la Escuela de Infantería de la unidad Osvaldo García; los oficiales retirados César Fragni y Raúl Harsich, y el ex policía Alberto Aneto.

En una sala colmada por familiares de Avellaneda, integrantes de grupos de derechos humanos y de partidos de izquierda, los acusados escucharon los cargos, en el primer juicio de la "megacausa" abierta por delitos cometidos en Campo de Mayo (afueras de la capital), que reúne unas 40 causas que contemplan 500 víctimas.

Allí funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención montados por la última dictadura argentina (1976-1983), que dejó como saldo 18.000 desaparecidos, según datos oficiales, cifra que organizaciones humanitarias elevan a 30.000.

Durante el juicio desfilarán unos 120 testigos y se espera el crudo relato de la madre del joven militante, Iris Pereyra, quien el 15 de abril de 1976 fue secuestrada junto a su hijo de 15 años por un grupo de tareas del Ejército que irrumpió en su casa de la localidad bonaerense de Munro y que permaneció detenida hasta 1978.

"Entraron a casa como si fuéramos delincuentes, balearon la casa y en represalia a que mi marido se pudo escapar, nos tomaron a nosotros dos. Y aparecimos en la comisaría (bonaerense) de Villa Martelli. Uno de los que comandaba el operativo era (el principal Alberto) Aneto, que fue el que nos torturó", relató a Efe Pereyra.

Según consta en la causa, Iris Pereyra y el "Negrito" Avellaneda fueron torturados en la comisaría de Villa Martelli para que revelaran el paradero de su padre, un delegado gremial afiliado al Partido Comunista.

"Después de torturarnos tanto, me lo trajeron (a Floreal), y me dijo: 'Mami, decí que papi se escapó'. Fueron las últimas palabras de él antes de separarnos", recordó emocionada Pereyra, vestida con una camiseta con la leyenda "Negrito vive".

"Muchas veces nos parecía increíble que pudiese llegar este juicio. Espero que sean juzgados como corresponde, que les den cadena perpetua en cárceles comunes", sostuvo a Efe Floreal Avellaneda, padre del joven, quien vivió en la clandestinidad durante el régimen militar.

Los acusados deben responder por delitos de privación ilegal de la libertad, secuestro y torturas aplicadas a Pereyra y Avellaneda y por el homicidio del joven, militante de la Federación Juvenil Comunista.

El secuestro de Pereyra y Avellaneda, cuyo cuerpo apareció el 14 de mayo de 1976 en la costa uruguaya junto a otros siete cadáveres, se produjo en el marco de un operativo del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.

Riveros, que fue comandante de Institutos Militares y condujo la zona 4 en Campo de Mayo entre 1975 y 1978, fue condenado por su actuación durante el Juicio a las Juntas Militares, pero en 1989 fue liberado en el marco de los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem (1989-1999).

Sin embargo, años más tarde quedó imputado por el robo de bebés a víctimas de la represión.

Riveros, Verplaetsen y García gozaban del beneficio de la detención domiciliaria, pero en vísperas del juicio fueron trasladados a la cárcel de Marcos Paz, en las afueras de Buenos Aires, mientras que el resto de los imputados están detenidos en Campo de Mayo.

Este juicio es el primero por delitos de la dictadura que tiene a un partido político, el Comunista, entre los querellantes.

"Venimos a reivindicar justicia. Era un compañero joven que fue muerto por la dictadura por el empalamiento, un método que se utilizaba en la época medieval", señaló a Efe Leonardo Herrera, secretario político de la Federación Juvenil Comunista.

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