El Gobierno suprime la obligatoriedad de la licencia comercial

MADRID.-  La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que la reforma de la ley de ordenación del comercio minorista tendrá en cuenta que esta materia es competencia de las comunidades autónomas, por lo que el Ejecutivo la aplicará con "escrupuloso" respecto a las legislaciones autonómicas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega señaló que el Gobierno ha decidido modificar la legislación estatal de ordenación del comercio minorista para adaptarla a los nuevos requisitos establecidos por Bruselas y eliminar trabas jurídicas y administrativas.

De la Vega resaltó que la reforma de la ley de comercio "estará en consonacia con las exigencias del siglo XXI", teniendo en cuenta que dicha normativa databa de 1996.

El Consejo de Ministros recibió hoy un informe del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, sobre el anteproyecto de ley de reforma de la normativa de comercio.

Concretamente, entre las modificaciones más relevantes que recoje el anteproyecto destacan la supresión de la definición de gran establecimiento comercial, con el fin de evitar un trato discriminatorio desde la legislación estatal a los distintos formatos comerciales, al no hacer referencia a los metros cuadrados del establecimiento.

Asimismo, se elimina la obligatoriedad de la licencia comercial y se establece el principio general de libre establecimiento. No obstante, las autoridades competentes podrán establecer un régimen de autorización, debiendo justificarlo de acuerdo con el principio de proporcionalidad e identificando de forma objetiva y previsible las razones que motivan el establecimiento de la misma y el impacto estimado.

A este respecto, se prohíben los criterios económicos, restrictivos de la competencia, así como la intervención de los competidores en los procesos de concesión.

Según el Ejecutivo, el anteproyecto es "coherente" con el proyecto de ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, actualmente en tramitación parlamentaria, trasladando su enfoque "ambicioso" y, por tanto, la "correcta" transposición de la Directiva de servicios.

Además, está en línea con las recomendaciones de la Unión Europea en cuanto al ámbito de las autorizaciones, al eliminarlas con carácter general, y exigir condiciones "estrictas y racionales" en los casos en los que excepcionalmente se exija la autorización.

Se eliminan también restricciones a la competencia, entre ellas, la autorización previa en la venta ambulante, se sustituye la inscripción por la obligación de comunicación en los registros de ventas a distancia o de franquiciadores y se exige únicamente la homologación de los modelos de máquinas y no de cada máquina en la venta automática.

La nueva normativa contribuye a conseguir un sector de la distribución comercial "más dinámico, moderno y competitivo" y es "respetuosa" con las competencias de las comunidades autónomas y responsabiliza a las mismas de su normativa. Se incluye una cláusula en el sentido de que quien incumpla lo dispuesto en esta norma asumirá las responsabilidades que se deriven del incumplimiento.

COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LAS CC.AA.

El Gobierno insiste en que la nueva ley tendrá en cuenta que el comercio interior es una materia que ha sido asumida como competencia exclusiva en los Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y desde el pleno respeto al sistema constitucional de reparto competencial.

Los preceptos que no constituyen normativa básica estatal, según lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley, sólo serán aplicables en defecto de legislación autonómica específica en la materia.

Asimismo, la nueva regulación propuesta se inspira en el principio de libertad de empresa y tiene por finalidad garantizar el equilibrio entre los diferentes modelos comerciales para que las necesidades de los consumidores sean satisfechas adecuadamente tanto si residen en el centro urbano como en la periferia.