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ELA denuncia que el conflicto de las residencias se debe a la privatización

EFE
Actualizado 24-04-2009 15:44 CET

San Sebastián.-  El sindicato ELA ha denunciado hoy que el origen del conflicto laboral de las residencias de ancianos de Guipúzcoa obedece a la privatización de sus servicios por parte de la Diputación y los ayuntamientos, instituciones a las que ha acusado de "irresponsabilidad" por "desentenderse" del mismo.

Así lo ha afirmado la responsable de ELA en el sector sociosanitario, Idoia Elustondo, quien ha analizado en rueda de prensa en Sebastián la situación que vive este sector, que inició hace varios meses las negociaciones de un nuevo convenio provincial, "sin que haya habido ningún avance", y desarrolla paros con distinta intensidad desde el pasado febrero.

La responsable de la central nacionalista, que es la mayoritaria en la mesa negociadora, con un 49% de la representación sindical, y la convocante de las movilizaciones, ha recordado que en Guipúzcoa existen actualmente 67 residencias geriátricas, de las cuales 17 son municipales, "con gran parte de sus servicios subcontratados", y el resto asumidas por la Diputación y "privatizadas mediante conciertos".

Estas circunstancias generan situaciones de "enorme discriminación" entre las empleadas de las empresas subcontratadas y las del personal propio de las residencias, hasta el punto de que, según ha dicho, las primeras cobran unos 6.000 euros anuales menos y trabajan 70 horas más que las segundas.

La representante de ELA ha criticado el llamamiento a "la responsabilidad" a todos los agentes implicados en el conflicto laboral hecho el pasado martes por el presidente de Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, y alcalde de Tolosa, Jokin Bildarratz, por no asumir la suya propia y tener en su localidad "a cien trabajadoras" de una subcontrata de la residencia municipal "totalmente discriminadas".

La sindicalista ha acusado asimismo a la Diputación Foral de incumplir los ratios de personal que ella misma establece, ya que las empresas que gestionan las residencias usan "criterios economicistas" a la hora de organizar sus plantillas y, de forma habitual, "dejan sin cubrir bajas o vacaciones", lo que hace que éstas "no sean no suficientes para una correcta atención a los usuarios.

Ante la actual situación de paros laborales, esta situación "se agrava aún más" y "quedan al descubierto estas carencias", ha criticado Elustondo, quien sin embargo ha recalcado que los servicios mínimos decretados por la Delegación de Trabajo "se están garantizando escrupulosamente".

La responsable de ELA ha asegurado que las patronales Adegi y Lares rompieron hace un mes la mesa negociadora del nuevo convenio provincial con "una miserable oferta del IPC" y sin ni siquiera "hablar de todo lo demás", de la mejora generalizada de las condiciones laborales y su equiparación con el resto empleadas.

"Mientras -ha concluido-, la Diputación sigue negando su responsabilidad e interlocución en la negociación del nuevo convenio" y "sigue privatizando servicios que son financiados con un 95% de dinero público".

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