Cartagena.- Una propuesta de última hora incluida en el dictamen de la comisión especial de Empleo sobre "elaboración de estrategias de empleo juvenil que recojan actuaciones específicas para satisfacer las necesidades de este colectivo", ha posibilitado que la Asamblea aprobase por unanimidad un acuerdo para impulsar las actuaciones de las administraciones regional y central en esta materia.
La Cámara aprobó un total de 21 propuestas, entre las que también destaca el aumento, mientras dure la actual situación de crisis económica, en un 10 por ciento de la dotación de programas de empleo dirigidos a los ayuntamientos para la contratación de trabajadores en obras de interés comunitario.
Asimismo aprobó que se intensifiquen actuaciones en materia de formación, de control de la economía sumergida y la temporalidad, y que se tenga más en cuenta en la actual coyuntura economía a los trabajadores autónomos y a las empresas de economía social.
El grupo socialista se abstuvo ayer en la votación en comisión del dictamen al calificar las propuestas de "poco ambiciosas", en declaraciones del diputado socialista Mariano García, pero ese acuerdo alcanzado hoy sobre programas de empleo juvenil posibilitó la unanimidad de la Cámara murciana.
Las propuestas de la comisión de empleo para impulsar el trabajo de las administraciones en esta materia recogen también la creación de líneas de ayuda a parados de larga duración, la creación de una red de empleo social o la redacción de un Plan Integral de Formación.
Además, la diputada popular Ascensión Carreño presentó ante el Pleno la proposición de ley de Protección Ambiental Integrada, que para PSOE e IU "no será tan adecuada cuando el PP ha formulado 200 enmiendas parciales", a lo que los populares argumentaron que se trata de aportaciones realizadas por una treintena de organizaciones, asociaciones e instituciones de la Región.
El diputado socialista Jesús López, cuya formación ha presentado 96 enmiendas para el siguiente trámite de la proposición de ley en el parlamento autónomo, reivindicó una memoria económica y dotación económica para que los ayuntamientos puedan cumplir la nueva normativa.
Tanto PSOE como IU, cuyo diputado José Antonio Pujante presentó una enmienda a la totalidad a esta normativa, que fue rechazada, criticaron que el Gobierno regional no haya presentado esta iniciativa como proyecto de ley con los correspondientes informes del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social (CES).
La diputada popular Ascensión Carreño aseguró que la nueva ley "corregirá la dispersión originada por el excesivo número de normas y autorizaciones actuales", a la vez que destacó "el gran protagonismo que ganarán los ayuntamientos que aumentarán sus competencias y tendrán más capacidad de decisión".
Los populares subrayaron que esta ley acortará los tiempos de tramitación de un estudio de impacto ambiental y evitará, según Carreño, que empresas que quieren instalarse en la Región se decidan por otras comunidades "que les permiten instalarse con mayor celeridad y facilidad".
Los socialistas aseguraron que no será posible acortar los plazos de elaboración de un informe de impacto ambiental si no se producen cambios en las estructuras administrativas de los centros de trabajo encargados de realizar estos informes.
El PSOE, que no presentó enmienda a la totalidad, decidirá su voto final en torno a esta ley en función del trabajo que se realice en comisión con las enmiendas parciales.
En la sesión, el Pleno de la Asamblea Regional aprobó, además, con los votos a favor del PP y en contra de IU, el proyecto de ley de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia.
La consejera de Sanidad Angeles Palacios lamentó que no haya sido posible llegar a un consenso, y agradeció el trabajo realizado por los grupos parlamentarios y por los colectivos y organizaciones que en su momento colaboraron en la realización de esta ley.
Esta normativa, que entrará en vigor en unos días con su publicación en el BORM, se aplicará en todos los centros sanitarios públicos y privados, y su objetivo, según la consejera, es "impulsar la humanización de la asistencia sanitaria y promover un marco de seguridad jurídica que afecte a usuarios, que conocen sus derechos, como al conjunto de profesionales que deben favorecer su ejercicio".
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