El Congreso limita la Justicia Universal a las competencias de España

MADRID.-  El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy con mayoría absoluta el proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, en el que se incluyó entre otras cuestiones una limitación de las competencias de España en la persecución de delitos internacionales. En la votación de conjunto, que requería mayoría absoluta dado su carácter orgánico, la reforma contó con el apoyo de PP, PSOE, PNV, CiU, ERC e UPyD, mientras que votaron en contra los dos diputados de IU-ICV y se abstuvieron los tres que suman el BNG y Nafarroa Bai.

En lo que a la limitación de la Justicia Universal se refiere, la reforma fue apoyada por el PSOE, PP, CiU y PNV con el objetivo de que la Justicia española sólo pueda perseguir casos de genocidio y lesa humanidad "cuando existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo de conexión relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español".

Desde el PP, la diputada Dolors Montserrat justificó este acuerdo explicando que "la evolución seguida por los tribunales y principalmente por la Audiencia Nacional requería una importante reflexión para adaptar el precepto de la Jurisdicción Universal al principio de subsidiariedad y a la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y homologarlo con los países del entrono". En esa línea, se refirió a "los conflictos diplomáticos que generaban algunas sentencias inaplicables".

"LOS CRÍMENES NO QUEDARÁN IMPUNES"

"En ningún caso se trata de que los crímenes queden impunes, sino de homologar nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno", defendió también el diputado socialista Julio Villarrubia, quien añadió que "se han incluido crímenes que antes no estaban expresamente incluidos como los crímenes de guerra y lesa humanidad".

Explicó que España podrá seguir persiguiendo estos delitos siempre que no se haya iniciado otro proceso en una corte internacional, en el país de origen del investigado o en el estado afectado por las actividades investigadas.

Por parte de Esquerra Republicana, Joan Ridao manifestó su "apoyo global" a la reforma en términos generales, aunque no ocultó sus "reservas" en lo que afecta a la jurisdicción universal. "Este punto había sido una conquista propia de una sociedad avanzada, y eso debería haber continuado siendo así", lamentó.

"BRINDARÁN LOS HALCONES DE GUANTÁNAMO"

En la misma línea, su compañero de grupo y diputado de IU, Gaspar Llamazares, declaró que "hoy es un día triste para la Justicia Universal y para la defensa de los Derechos Humanos y para las víctimas, hoy sólo brindarán con champán los halcones de Guantánamo y los halcones de Gaza".

Para el ex dirigente de IU, esta reforma lleva a "la conclusión del doble rasero: hay una Justicia para el tercer mundo y una injusticia internacional para los blancos del primer mundo. Cuando esto ha llegado a Israel y a EEUU han mandado parar".

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría comenzó definiendo el resultado de esta reforma como "la Ley de defensa de intereses difusos" ya que, a su entender, "menos una Oficina Judicial eficiente se regula de todo" y añadió que se ha aprovechado "para desactivar el conflicto planteado por los jueces".

A partir de ahí, y en cuando a la Justicia Universal, reprochó al Grupo ERC-IU-ICV por sus críticas a la reforma de este punto concreto. Aseguró no entender las quejas ya que, a su juicio, la modificación no supone dejar de perseguir delitos internacionales, siempre que haya relación con España. "No ha cambiado, no entendemos por qué tanto aspaviento", sentenció Olabarría, quien, pese a sus reproches al proyecto, anunció el apoyo de su grupo.

Durante la sesión plenaria de hoy, también fueron aprobadas algunas de las reivindicaciones realizadas por los jueces, como la supresión de los traslados forzosos por ascenso o la creación de la figura del juez de adscripción territorial.

Villarrubia, quien felicitó en varias ocasiones a todos los grupos parlamentarios por su esfuerzo en la elaboración de esta reforma, manifestó su satisfacción indicando que la nueva oficina judicial y sus complementos sienta las bases de la modernización de la Justicia.

Por su parte, la dirigente 'popular' defendió que "la Nueva Oficina Judicial acumulaba ya seis años perdidos por los vaivenes políticos y no se admitían más demoras". Admitió que "las amenazas de los jueces y las huelgas de los secretarios y funcionarios del año pasado forzaron al gobierno a ocuparse de la Justicia", por lo que lamentó que esta reforma sea "fruto de presiones", algo que, a su juicio, ha provocado "un trámite acelerado".

DEPÓSITO PREVIO AL RECURSO

Para este proyecto complementario hoy aprobado, el PSOE y el PP también consensuaron una enmienda que implantará un depósito económico obligatorio para la presentación de recursos en la jurisdicción civil, social y contencioso-administrativa. CiU, PNV, ERC y BNG no lo apoyaron al considerar que esta medida debería repercutir en las comunidades autónomas.

El diputado de CiU Jordi Jané manifestó su "satisfacción" por los acuerdos alcanzados sobre la eliminación de los ascensos forzosos o la creación de la figura del juez territorial. Sin embargo, también vertió críticas a la aprobación del depósito. Según dijo, "desde el punto de vista autonómico deja mucho que desear".

"La finalidad la podemos compartir, que es disuadir el exceso de recursos, pero la forma en que se va recaudar ese deposito atenta contra el sistema de reparto competencial", indicó Jané en relación con el hecho de que el Estado destinará un 40 por ciento de ese depósito a las comunidades autónomas, una cantidad que los grupos nacionalistas consideran insuficiente.

En esa línea se manifestó Joan Ridao, quien aseguró no entender "por qué ese depósito no es destinado en un 100 por ciento a las comunidades autónomas con competencias en lugar de un 40 por ciento".

Además, Jané subrayó el compromiso del PSOE y del Gobierno de acometer en el próximo periodo de sesiones la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla a los estatutos de autonomía aprobados en la pasada legislatura.

"VOLUNTAD POLÍTICA"

En representación del Grupo Mixto, la diputada de UPyD en el Congreso, Rosa Diez, indicó que lo que hoy se aprueba "no es más que una voluntad política que debe traducirse en una mayor inversión en la Administración". En ese sentido, la ex dirigente socialista comparó esta situación con las expectativas que generó la ley de Dependencia. "Espero que en este caso si podamos sentirnos orgullosos en el futuro", apostilló.

Con el Pleno celebrado hoy, el Congreso concluye la aprobación de la ley orgánica complementaria de la reforma de la Ley procesal por la que se establece la nueva Oficina Judicial, para su posterior remisión al Senado. Sólo si allí se introducen enmiendas, algo improbable dado el consenso entre los dos grupos mayoritarios, la reforma volvería a la Cámara baja. La previsión es implantar la nueva Oficina Judicial el 1 de enero de 2010.

Ya el pasado día 18 los grupos parlamentarios del Congreso dieron el visto bueno al dictamen elaborado por la ponencia que ha trabajado en esta ley y aprobaron para su remisión al Senado únicamente las medidas de naturaleza jurídica ordinaria contenidas en el proyecto.