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La Fiscalía colombiana imparte dos órdenes de captura por "falsos positivos"

EFE
Actualizado 15-04-2009 03:48 CET

Bogotá.-  La Fiscalía colombiana impartió hoy las primeras dos órdenes de captura contra un oficial del Ejército y un civil, en una causa por "falsos positivos" o asesinato de jóvenes presentados como combatientes o delincuentes, informaron fuentes judiciales.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) buscan al subteniente Luis Francisco Ríos García, y al civil Víctor Manuel Manosalva, considerada una de las personas que reclutaba a los jóvenes víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.

Según la Fiscalía, los dos afectados están involucrados en el asesinato de Daniel Suárez Martínez y Camilo Andrés Valencia, el 6 de diciembre de 2007 en Ocaña, localidad del departamento de Norte de Santander, nordeste del país.

De acuerdo con la investigación, tropas del Batallón Santander reportaron la muerte de dos presuntos guerrilleros durante combates ocurridos en zona rural de Ocaña y Ábrego (Norte de Santander).

Sin embargo, añadieron las fuentes, "se estableció que los cadáveres correspondían a los antes mencionados, quienes llegaron a la zona provenientes de Soacha, y del estado de Mérida en Venezuela".

Los dos afectados deberán responder "por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado", precisaron las fuentes.

En septiembre del año pasado estalló el escándalo de los llamados, eufemísticamente, "falsos positivos", cuando se estableció que más de una decena de jóvenes de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, y que fueron contactados por varias personas unos meses antes "para trabajar", aparecieron muertos en Ocaña.

En octubre del año pasado el mismo presidente colombiano, Álvaro Uribe, anunció el retiro de las fuerzas armadas de 27 militares, incluyendo a tres generales del Ejército, por "confabularse con delincuentes" para cometer delitos como homicidios.

"Puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinato", admitió Uribe, quien confirmó entonces que fueron llamados a retiro tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales.

Inicialmente se indicó que eran once los jóvenes desaparecidos de Soacha, pero la Fiscalía señaló luego que eran diecinueve los cadáveres hallados en Ocaña y Cúcuta, capital de Norte de Santander.

El propio fiscal general, Mario Iguarán, envió entonces a esa región a fiscales especiales para investigar si realmente las muertes de los jóvenes se dieron en combate o se trató de un caso de desaparición forzada.

Los casos de presuntos miembros de la guerrilla o de bandas de delincuentes abatidos en combate fueron reportados por autoridades militares con jurisdicción en Norte de Santander.

Los autores de los "falsos positivos" o casos de jóvenes secuestrados, asesinados y presentados como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate, miembros de la fuerza pública, buscaban "mostrar resultados" y beneficios de sus superiores.

Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos calculan que en Colombia se registraron más de 1.400 casos, mientras la Fiscalía investiga algo más de 700.

La destitución de los oficiales y suboficiales en octubre, desembocó en la renuncia del comandante del Ejército, general Mario Montoya, el 4 de noviembre pasado.

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