Zaragoza.- El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que regulará las instalaciones de gran impacto turístico, como el macroproyecto de ocio y juego Gran Scala, con rígidas garantías legales y la presentación de avales por parte de los promotores por valor de seis millones de euros.
El vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, y el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, han presentado el contenido del proyecto de ley, que han asegurado que establece un "novedoso sistema de garantías medioambientales, urbanísticas y de viabilidad del proyecto".
En la ley se establecen las dimensiones mínimas, de mil hectáreas, que deben de tener este tipo de instalaciones para acogerse a esta nueva ley, así como la obligatoriedad de que se creen como mínimo 3.000 puestos de trabajo directos y oferte al menos 8.000 plazas hoteleras.
Debido a la singularidad de estos complejos en los que coexisten usos hoteleros, lúdicos, deportivos y culturales, se establece un régimen singular de planeamiento territorial y toda la información urbanística, medioambiental y de infraestructuras tendrá el nivel de detalle de un PGOU.
En treinta años, ha dicho el vicepresidente, ningún proyecto en Aragón ha tenido tantas garantías legales, medioambientales, urbanísticas e incluso de viabilidad económica como el que tendrá el que quiera desarrollarse al amparo de esta ley que, ha insistido, regula una materia que, de momento, "no tiene nombre ni apellidos".
En este sentido, y sin referirse al macrocomplejo Gran Scala que planea construir el consorcio Internacional Leissure Development (ILD) en Ontiñena (Huesca), Biel ha precisado que, una vez que las Cortes aprueben la ley y se publique en el BOA, podrá presentarse "una solicitud de una empresa, o no, o más de una".
La ley regula, ha recalcado, una "posible" iniciativa privada pero prevé también un consorcio para el control público de los proyectos, con participación de todos los departamentos gubernamentales implicados, los ayuntamientos y comarcas afectadas.
Este consorcio velará por la ejecución de las obras e incorporará a su patrimonio el diez por ciento del producto del coeficiente de edificabilidad o equivalente económico del suelo, que los promotores, únicos propietarios del terreno, están obligados a ceder.
"Pocos proyectos tienen una expresión tan garantizadora", ha apuntado Biel.
En este sentido, Aliaga se ha referido a los trámites administrativos fijados para que una solicitud sea finalmente declarada como Centro de Ocio de Alta Capacidad (COAC) por el Consejo de Gobierno, y que incluye un capital social de los gestores de diez millones de euros, un estudio económico-financiero de viabilidad, una programación temporal y un análisis de incidencia ambiental.
Para "empezar a mover papeles", ha dicho Aliaga, los promotores de un COAC deberán presentar un depósito de garantía de tres millones de euros a favor del Gobierno de Aragón, que será sustituido por otro de seis millones cuando se constituya la sociedad gestora del proyecto, una vez aprobada la solicitud de crear un COAC.
Se incluye también un régimen jurídico singular de los juegos de azar y apuestas, de juegos permitidos y de publicidad de los mismos, con especial incidencia en la protección de los menores de edad.
Y también un régimen sancionador en el que se tipifican las faltas en muy graves, graves y leves, con multas desde 600.000 a 3.000 euros, y que en último extremo pueden acarrear la pérdida de los derechos adquiridos para gestionar el complejo.
Atendiendo a la especial consideración de centro turístico, la norma establece libertad de horarios comerciales, siempre en función de un futuro Plan de Comercio.
Biel ha rehusado precisar por cuánto tiempo podría prolongarse el trámite administrativo desde que una sociedad promotora presente su solicitud para ejecutar un COAC, pero ha asegurado que éste será "largo".
Ahora, el proyecto de ley se enviará al Parlamento, donde el vicepresidente espera lograr el máximo consenso posible con los grupos políticos de la cámara para aprobar esta ley, "sin duda", antes de que acabe este periodo de sesiones, a finales de junio.
Bajo esta ley se llevaría a cabo el macroproyecto Gran Scala, en el que sus promotores preven construir, en unas 3.000 hectáreas del municipio de Ontiñena (Huesca), setenta de hoteles, más de treinta casinos, varios parques temáticos y otros centros de ocio, que supondrían unas inversiones de 17.000 millones de euros.
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