La consejera de Educación dice que no existen quejas sobre libros de Educación para la Ciudadanía

Zaragoza.-  La consejera de Educación, María Victoria Broto, ha asegurado hoy que el Departamento no ha recibido "ni una sola queja" sobre los contenidos de los libros de texto de la asignatura de Educación para la ciudadanía, los profesores que la imparten o el tiempo que se dedica a ella en los centros educativos.

Así lo ha afirmado en la Comisión de Educación de las Cortes, en la que ha comparecido a petición del PP, cuya portavoz, María Antonia Avilés, ha cuestionado los contenidos de la materia y ha denunciado que invade el derecho de los padres a elegir la educación moral de sus hijos y el de los niños a su intimidad.

Según Avilés, la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la asignatura establece que no existe posibilidad de objeción, pero en los votos particulares se reconoce que la asignatura debe impartirse sin "adoctrinamiento" y el derecho de los padres a elegir la orientación moral de sus hijos.

A juicio de la diputada popular, la Consejería ha sido "triunfalista" con una sentencia de la que sólo destaca lo que le "conviene" y debería haber aprovechado para reflexionar y respetar los derechos de los padres "sin hacer imposiciones".

Para Avilés, el problema con la asignatura no afecta a los centros concertados o privados, puesto que los padres aceptan o no su ideario, y se centra en los públicos, en los que muchos padres discrepan de cómo se imparte la materia por plantear debates como la existencia de Dios o la sexualidad con los que se "violenta" la intimidad de los niños.

En cuanto a los libros, ha subrayado que son "absolutamente dispares", algunos neutros que no entran en ámbitos personales o morales y otros "totalmente fuera de lugar".

"El Estado -ha recalcado- no puede llevar sus competencias tan lejos e invadir el derecho de los padres a elegir la orientación moral de sus hijos" y la Consejería, en su opinión, debería estudiar los textos, evaluar si hay que retirar alguno o establecer las pautas de sus contenidos.

Sin embargo, Broto ha matizado que una cosa son los votos particulares y otra la sentencia votada por la mayoría, que deja "muy claro" que los contenidos de la materia no lesionan la libertad de elección de la educación moral o religiosa de los padres y que no cabe la objeción ni a la asignatura ni a los libros de texto.

Según Broto, la asignatura se imparte en Aragón con "absoluta normalidad", sin un problema ni con los libros, ni con el profesorado u horarios, y no se ha planteado una denuncia "en ningún sentido".

Los libros de texto, ha explicado, tienen el mismo tratamiento que los del resto de materias, son elegidos por los órganos de coordinación didáctica y no tienen que ser autorizados por la administración, aunque deben tener rigor científico y seguir el currículo adecuadamente, y los alumnos estudian la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Aragón.

No obstante, ha destacado que el curso pasado el cuerpo de inspección que controla la actividad educativa en los centros docentes hizo un estudio sobre la asignatura y determinó que el currículo se cumplía y que el tiempo que se debía dedicar a la materia, la titulación del profesorado y los libros de texto eran los adecuados.

Ha comentado, además, que actualmente sólo no asisten a clase veinte alumnos (entre quienes cuentan con sentencias y medidas cautelares), una minoría, ha dicho, frente a los 28.549 que sí acuden en los distintos cursos en los que se imparte.

Para Broto, el PP ha iniciado un "falso debate" sobre el adoctrinamiento cuando "en la práctica, no es cierto".

Nieves Ibeas, de CHA, ha apuntado que su grupo hubiera preferido que los contenidos de Educación para la Ciudadanía no se circunscribieran a una asignatura, sino que fueran transversales en todas las materias y, en ese sentido, ha hecho hincapié en que debería garantizarse el control de cómo esos valores son respetados en el resto de asignaturas y en los proyectos educativos de los públicos y de los concertados.

Por otra parte, Ibeas ha expresado una "queja rotunda" por la comparecencia ante la Comisión del director general de Cultura, Ramón Miranda, para informar sobre el observatorio de la cultura después de que su grupo haya retirado una solicitud de comparecencia sobre el mismo asunto de la consejera de Educación tres años después de pedirla, lo que constituye, ha dicho, una falta de "respeto tan grande" hacia su grupo que le da ganas de abandonar la sesión.