Parece obvio. Para empezar, porque ha sido condenado por los delitos cometidos durante su periodo como presidente de Perú —el asesinato de un grupo de estudiantes de Lima y los secuestros de un empresario y un periodista— y eso ya es un hito. Sin embargo, seamos sinceros. Si es cierto que es culpable en última instancia de 25 muertes, apenas va a cumplir un año de prisión por cada persona asesinada por el Estado. Una sentencia irrisoria que además, tiene ciertos tintes de vendetta del actual presidente, Alán García, que pasó prácticamente las dos legislaturas que gobernó Fujimori en el exilio, en búsqueda y captura por corrupción—. Eso sí, como símbolo, tiene un valor incalculable.
La vida política de Fujimori ha sido en ocasiones un teatrillo plagado de luces y sombras. Aunque algunos lo consideran un salvador de la patria por su política radical para salir de la crisis y por lograr reducir las actuaciones violentas de la guerrilla, conviene no olvidar otros episodios como cuando vendió uno de sus grandes logros, la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, exhibido dentro de una jaula y con pijama a rayas. No es el único fragmento de su vida salpicado con tintes peliculeros. Su autogolpe de Estado en 1992 y la forma en la que renunció del cargo de presidente, huyendo a Japón, el país de origen de sus padres, también dejaron a medio mundo con la boca abierta.
La lectura de su sentencia es lo más parecido a un The End para culminar esta peculiar carrera política. Acusado de ser, junto con Vladimiro Montesinos, su mano derecha, el máximo responsable de la creación del grupo paramilitar 'Colina', responsable, entre otras cosas, de la muerte de 25 estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos, nadie sabe si el juicio y su sentencia no queden más que en puro teatrillo y que el ex mandatario peruano corra la misma suerte que el ex dictador Argentino, Jorge Videla, que cumplió sólo cinco años de prisión efectiva de la cadena perpetua a la que había sido condenado (aunque a finales del año pasado fue trasladado a un penal militar). En cualquier caso, sólo su condena ya es un paso. Veamos por qué hay que aplaudirla, no sólo en América Latina, sino en todo el mundo.
Es cierto, Fujimori no es ni el primero ni el último que ha cometido delitos de lesa humanidad en América Latina. Ni siquiera en Perú. Así lo sostuvo él —su propio abogado— durante el juicio. Bueno, así no. En realidad él se defendió esgrimiendo que, como mandatario, no había hecho nada diferente que sus predecesores. Sólo él pasará a la historia como el primer presidente elegido democráticamente de América Latina condenado por violar los derechos humanos y por crímenes de Estado. Injusto o no (por comparación), sienta un importantísimo precedente, sobre todo en la región, donde esta mañana un gran número de periódicos han abierto con la noticia, pero también en otros rincones del mundo que han estado pendientes del proceso de Fujimori, como España o Japón.
Por otro lado, es el claro síntoma de que algunos países de la región están dando un paso adelante en lo que se refiere a actitudes democráticas de reparación, algo en lo que muchas naciones estaban suspensas o aprobaran raspadito después de unos años ochenta convulsos. "Se están asumiendo actitudes democráticas y la comunidad internacional podría pedir lo mismo a otros países en la misma situación", asegura un sociólogo colombiano experto en América Latina. Del mismo modo, María McFarland, de Human Rights Watch, cree que "es un mensaje positivo sobre el papel de la justicia en un gobierno democrático y sobre la protección a los derechos humanos", además de ser algo "poco común, y más en un país donde hace pocos años las cortes estaban controladas".
Muchos creen que este tipo de sentencias podrían tener un efecto contagio. Por ejemplo, el abogado Emilio Ginés, asesor de dos juicios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra en Estado mexicano por la inacción ante los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, cree que el nuevo juicio por estos crímenes que se celebrará próximamente en Santiago de Chile, aunque se centra sólo tres casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, "juzga también todo un gran problema" cuya sentencia podría tener efecto en toda América Latina.
Hasta el momento, la CIDH era el único instrumento que se conocía para juzgar los crímenes de Estado y las violaciones de Derechos Humanos cometidos en la región. No cabe duda de que es una herramienta necesaria que, como dicen algunos juristas, ayuda a sentar precedentes jurídicos, afectando a toda la sociedad internacional y a sus tribunales, y que tiene efecto en toda Latinoamérica y también en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que existe intercambio de jurisprudencia.
Pero escollo para una verdadera reparación es que este tribunal sólo juzga a Estados y las penas se limitan a indemnizaciones a los afectados o sanciones de dudosa aplicación, como el fallo, más de una década después, contra Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales que se realizaron durante el Caracazo. El proceso a Fujimori es un paso más, ya que la justicia peruana ha creado una Corte especial para abordar el caso, y se utilizarán las herramientas del Estado peruano para garantizar el cumplimiento de la pena.
Fujimori no es un cualquiera en Perú. Cuenta con un gran apoyo popular, los 'fujimoristas'. Pero su influencia no se queda ahí. Su familia sigue detentado mucho poder en Perú. No hay que olvidar que hace menos de tres años, aprovechando el desgaste del presidente Alejandro Toledo —al que venció en unos comicios fraudulentos en el año 2000—, trató de presentarse de nuevo a las elecciones. Su hija Keiko trató en dos ocasiones de formalizar la candidatura presidencial de su padre sin éxito. Finalmente, fue su hermano Santiago quien apareció en la escena política, postulándose como vicepresidente. En cuanto a Keiko Fujimori, fue escogida para encabezar la lista al Congreso, donde ocupa un escaño hoy en día.
Así, el mensaje de la condena de Fujimori es claro. No importa cuan popular sea un presidente, que aún hoy tendría ciertas posibilidades de ganar unas elecciones en el caso de que pudiera presentarse; tampoco están a salvo los mandatarios cuyas familias se encuentran entre las más influyentes del país. Cualquiera (dentro de un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, por el momento) puede ser juzgado si desafía a la ley.
Y ese es precisamente el mensaje más importante que trasciende a esta condena. En primer lugar, invalida la utilización de la guerra sucia, en ocasiones justificada por la propia sociedad civil, por parte de las autoridades. En este caso se trata de la guerra sucia contra el terrorismo, pero podría aplicarse a otros desafíos de los gobiernos latinoamericanos, como la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Además, paga el máximo mandatario como último responsable de las actuaciones de los aparatos militares y paramilitares, algo que no había ocurrido hasta el momento en otros procesos, como los que se han abierto para juzgar los crímenes de los paramilitares colombianos.
Por otro lado, la condena demuestra que los crímenes, los cometa quien los cometa, no quedarán impunes. Es cierto que para la mayor parte de los dictadores, responsables de grandes crímenes contra la humanidad de la historia de América Latina, ya es tarde. Pinochet y Stroessner pasaron a mejor vida sin conocer una cárcel y Ríos Montt se pasea tranquilamente por Guatemala sin pagar por las atrocidades cometidas durante su mandato. Con Fujimori...¿se abre la veda?
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