De la Vega dice que el nuevo modelo recogerá las "exigencias legítimas" de la región

Mérida.-  La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado hoy en Mérida que el futuro modelo de financiación de las comunidades autónomas será "muy positivo" para Extremadura ya que recogerá "exigencias legítimas" suyas.

Ha hecho esta aseveración en una rueda de prensa tras mantener una reunión, dentro de su visita de dos días a la región, con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Ha señalado que el nuevo modelo de financiación autonómica está "muy avanzado" y que sus bases "van a ser muy positivas para Extremadura" ya que recogerá sus reivindicaciones.

Entre estas demandas, ha mencionado que haya "igual financiación" para todos los servicios públicos fundamentales, el mantenimiento "claro" de la suficiencia financiera para todos los servicios transferidos y que se tengan en cuenta criterios de población, la dispersión, el envejecimiento y la "ponderación" del bajo crecimiento demográfico.

Ha subrayado que "los recursos adicionales que va a tener el modelo de financiación van a ser muy positivos, sobre todo para mejorar el Estado del Bienestar".

Acerca del futuro Estatuto de Autonomía, cuya reforma se tramita en la Asamblea regional y que incluye cuestiones como la denominada "deuda histórica", De la Vega ha dicho que estos temas se tratarán en las Cortes Generales cuando les sea remitido el texto por el Parlamento extremeño.

Ha añadido, sobre la "deuda histórica", que "si alguien ha adelantado algo ha sido el Gobierno socialista".

Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que los ejecutivos central y autonómico extremeño suscribirán un convenio de colaboración para que la Junta bonifique el tipo de interés en los proyectos de inversión en las empresas acogidas este año a los créditos ICO.

De la Vega ha enmarcado esta medida en la lucha contra la crisis económica, de la que ha señalado que "entre todos, saldremos".

Ha agregado que esta bonificación afectará a las líneas de pequeñas y medianas empresas, de emprendedores, de internacionalización y de vivienda, y que Extremadura es la primera Comunidad Autónoma que aplica esta medida en la línea de créditos para empresas en el ámbito de la vivienda.

La vicepresidenta del Gobierno se ha referido también al posible trasvase Tajo-Segura y ha dicho que, cuando se disponga de los planes de las cuencas de los ríos en que se trabaja en estos momentos, contemplarán todas las posibilidades para garantizar el suministro de una forma sostenible.

En ese sentido, ha precisado que la política hidrológica del Gobierno tiene como fin que "a nadie le falte el agua".

Por otro lado, en cuanto al estudio por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de una querella contra miembros del anterior Ejecutivo estadounidense por supuestos delitos en la Base de Guantánamo, De la Vega ha señalado que este tema "está planteado ante los tribunales y serán los tribunales, y sólo ellos, los que tomen una decisión con el respeto absoluto del Gobierno".

Ha subrayado que el Gobierno español está satisfecho por la actitud del actual Ejecutivo de EEUU con respecto a la Base de Guantánamo.

Por otra parte, se ha referido al hecho de que el Parlamento Europeo (PE) haya censurado los abusos que a su juicio se han dado en el desarrollo urbanístico español de los últimos años y llamara a todas las autoridades del país a tomar medidas para acabar con ellos.

Según la vicepresidenta del Gobierno, éste trabaja en la aplicación de la Ley de Costas para "tratar de evitar que se produzcan situaciones como las que se han producido en el pasado" y que "impulsa un modelo de crecimiento más sostenible que incremente la productividad", a lo que ha agregado que "hay que hacer un ajuste en el país, lo que se está produciendo".

También se ha referido a la decisión del Gobierno de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid y ha pedido al PP "serenidad y tranquilidad".

Según De la Vega, el Gobierno presentará el recurso "por razones de constitucionalidad, legalidad y defensa de los intereses de los ciudadanos", a lo que ha agregado que "ésas son las razones del Gobierno, ésas y ninguna otra. No hay injerencia que valga si lo que está en juego es la Ley y el interés general".