Washington.- La CIDH expresó hoy su preocupación por el hecho de que en algunos países del continente americano se continúe aplicando la justicia militar para investigar y juzgar delitos comunes cometidos por las Fuerzas Armadas o la Policía.
En la rueda de prensa al término del 134 periodo de sesiones públicas, que se celebró del 16 al 27 de marzo, los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteraron que la jurisdicción militar es "excepcional" y debe ser utilizada sólo en el caso de conductas de militares en servicio activo que atenten contra bienes jurídicos castrenses.
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) recordó que los Estados tienen "la obligación de proporcionar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos y éstos son, en todos los casos, los instrumentos penales de la jurisdicción ordinaria".
Esto debe ser así "con independencia de si las violaciones que se juzguen fueron o no cometidas por militares", insistieron.
En una audiencia sobre justicia militar y derechos humanos en México del pasado día 20, la CIDH, ocho organizaciones civiles exigieron al Gobierno del presidente Felipe Calderón una reforma del Código de Justicia Militar, que impida la aplicación de la jurisdicción castrense en las violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
El portavoz de los peticionarios de la audiencia, Luis Arriaga Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que los juicios en tribunales militares de delitos cometidos por miembros del Ejército contra civiles "contradice los estándares internacionales de derechos humanos".
Según Arriaga, la presencia de militares en las calles tiene como "consecuencia directa" un aumento de las violaciones de derechos humanos.
En concreto, señaló, las denuncias de este tipo de casos han aumentado en un 600 por ciento en solo dos años, ya que mientras que en 2006 se registraron 182 quejas, en 2008 fueron 1.230 las denuncias archivadas por supuestas agresiones de militares a civiles.
Además, añadió, la aplicación de la jurisdicción militar provoca que los responsables de un gran número de estas violaciones queden en la impunidad.
Solo un 6 por ciento de los casos archivados en los tribunales militares entre 2006 y 2008 se llevaron a juicio, y se desconoce cuántos de ellos resultaron en condenas, según datos presentados ante la CIDH por Laura Aragón, del Centro de Derechos Humanos de la Montana "Tlachinollan".
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