Buenos Aires.- El sector agropecuario de Argentina vivió hoy su sexta jornada de huelga comercial con un acto en el centro del país, donde los productores rurales renovaron sus críticas al Gobierno de Cristina Fernández.
"Mañana estaremos terminando una manera de protestar, pero vamos a seguir reclamando", dijo el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, en un acto realizado en la localidad de Amstrong, en la central provincia de Santa Fe.
Los hombres de campo concluirán en la medianoche de este viernes su séptima huelga comercial desde que en marzo del año pasado se inició un conflicto entre el sector rural y el Gobierno por los impuestos a las exportaciones de granos.
La medida de fuerza, la segunda que realiza el sector en lo que va de este año, consiste en la no comercialización de granos y ganado vacuno en pie.
"Nunca en la historia hubo siete paros patronales en un año y tres meses, que fueron salvajes porque hubo cortes de ruta y desabastecimiento", dijo hoy la presidenta argentina, Cristina Fernández, en un acto público.
La mandataria consideró que las patronales agrarias proponen "un modelo distinto, en el que los argentinos consuman menos", y señaló que "basta con ver lo que hacen y escuchar lo que dicen" para saber cuáles son los objetivos de los dirigentes rurales.
Más explícito fue su esposo y antecesor en la Presidencia, Néstor Kirchner, quien en un acto partidario reclamó a las patronales rurales que acaben con la "cantinela destituyente".
El malestar en el campo se reavivó hace una semana, luego de que el oficialismo se negara a dar quórum en el Parlamento para debatir un proyecto presentado por la oposición para bajar los impuestos a las exportaciones de granos.
La irritación de los agricultores creció cuando Fernández anunció poco después que girará a las provincias y municipios el 30 por ciento de lo que recaude por el impuesto a las exportaciones de soja, el principal cultivo del país.
El derecho a las ventas externas de soja es del 35 por ciento y el Ejecutivo se niega a bajarlo para no afectar las cuentas públicas.
Las organizaciones del campo consideran "confiscatorio" a ese tributo y a los que pesan sobre las exportaciones de girasol (32 por ciento), trigo (23 por ciento) y maíz (20 por ciento).
El conflicto con las patronales rurales estalló el 11 de marzo de 2008, cuando el Ejecutivo impuso un esquema de impuestos variables a las ventas de granos al exterior que fue rechazado por el Parlamento, tras lo cual las alícuotas volvieron a ser fijas.
Por esta situación, Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos, sufrió el año pasado millonarias pérdidas por las huelgas agropecuarias y los bloqueos de rutas que llevaron a cabo los productores rurales.
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