Oviedo.- La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha reclamado hoy "transparencia" y "rigor" a las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley de Dependencia para que todas las administraciones manejen "los mismos datos" en el desarrollo de esta normativa.
"Queremos hacer transparente la financiación del sistema, pero no se trata de un duelo entre administraciones, de a ver quien pone más", ha afirmado la ministra tras firmar un convenio con el Gobierno asturiano, que recibirá 12,2 millones de euros con cargo al fondo extraordinario de dependencia, dotado a nivel nacional con 400 millones e incluido en el Plan para el Estímulo de la Economía.
Para Cabrera, a pesar de algunas críticas por los retrasos en la aplicación de la Ley, el hecho de haber reconocido los derechos a ser beneficiarios de esta normativa a 566.410 personas en dos años "supone un éxito importante aún siendo críticos con aquello que se pueda mejorar".
Según la Ministra, el desarrollo de la Ley, a la que el Estado destinará este año 1.558 millones de euros, un 79 por ciento más que en 2008, obliga a reforzar la colaboración entre la comunidades autónomas y el Gobierno central para desplegar una normativa que tiene "un objetivo muy ambicioso" y equiparable, cuando se encuentre plenamente desarrollada, al sistema educativo o a las pensiones.
En este sentido, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha admitido que, "sin duda", el proceso seguido para ponerla en marcha resulta "demasiado lento" para los posibles beneficiarios que, en el caso de Asturias, han presentado 25.000 solicitudes de las que ya se ha valorado el 80 por ciento y se han reconocido derechos a recibir prestaciones a 15.639 personas.
Para Areces, las previsiones iniciales de la Ley fueron "desbordadas por la realidad", lo que hace necesario, a su juicio, "un esfuerzo suplementario de todas las administraciones" para garantizar la sostenibilidad a largo del "cuarto pilar" del Estado del Bienestar, tras la sanidad, la educación y las pensiones.
En este sentido, se ha expresado también la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno asturiano, Noemí Martín, de IU, que ha incidido en que las comunidades autónomas "siempre" exigirán más financiación para el desarrollo de la Ley, pero sin que se pueda cuantificar una "deuda" concreta del Estado.
No obstante, Martín ha recordado que el Ejecutivo regional paga el 70 por ciento del gasto que genera esta normativa en Asturias (unos 180 millones de euros anuales) y que el resto los aporta la administración central y los usuarios a través del copago de algunas de las prestaciones que reciben.
El convenio suscrito hoy permitirá crear o adoptar 596 plazas de servicios de atención a personas dependientes, tanto en residencias de mayores y de personas discapacitadas como en servicios de promoción de la autonomía personal y de ayuda a domicilio.
En concreto, las noventa nuevas plazas que se crearán corresponden a las de la futura residencia de Moreda, en Aller, cuya puesta en marcha requerirá una inversión de 4,3 millones de euros con cargo a este fondo que incluye además otros 4,2 millones de euros destinados a concertar 290 nuevas plazas.
Los 3,6 millones de euros restantes se destinarán a adaptar a las necesidades de personas dependientes 216 de las plazas existentes en cuatro residencias -Santa Teresa y El Cristo, en Oviedo, y las de Laviana e Infiesto- y en conjunto se estima que las inversiones cargo al fondo de dependencia permitirán generar unos 300 empleos.
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