Nueva York.- La organización defensora de los derechos humanos estadounidense Human Rights First (HRF) denunció hoy que la Fiscalía General colombiana somete a defensores de los derechos humanos a "procesos penales sin fundamento"
HRF emitió hoy un comunicado de prensa en el que señaló que estas acciones de la fiscalía "siguen poniendo en peligro las vidas" de los activistas.
La organización se remite a un informe publicado hace dos semanas que "documenta el uso extenso de procesos penales infundados para estigmatizar a los defensores de los derechos humanos" en ese país y critica que, pese a haberse dado a conocer los casos en contra de tres de ellos, los procesos han seguido su curso en las últimas semanas.
Según el comunicado, los pasados 11 de febrero y 10 de marzo un fiscal ordenó reabrir las investigaciones penales en contra de Javier Giraldo, activista pro derechos humanos y sacerdote jesuita, y Elkin Ramírez, director de la Corporación Jurídica Libertad.
El fiscal, explicó HRF, "los acusa de falsa denuncia, injuria y calumnia".
"Estas investigaciones se reanudaron con base en las denuncias hechas en 2004 y 2005 por el coronel Néstor Iván Duque López, comandante de la brigada militar supuestamente involucrada en la masacre en San José de Apartadó", añadió la ONG.
La ONG, que subrayó que en 2008 un fiscal desestimó una investigación de rebelión en contra de Ramírez y citó problemas de credibilidad e incoherencias en la investigación, "teme que las acusaciones fueron motivadas por la participación de Giraldo y Ramírez en denunciar la participación del coronel" en ese suceso.
Uno de los responsables del Programa de Defensores de Derechos Humanos de la organización, Andrew Hudson, indicó que para HRF la reanudación de esos procesos penales en contra de los dos activistas es "un atentado en contra de las legítimas actividades a favor de la defensa de los derechos humanos en Colombia".
Además, agregó que el 24 de febrero de 2009 el tribunal superior de Bucaramanga declaró culpable de rebelión a Príncipe Gabriel González, que lidera la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos en Santander, y lo sentenció a siete años de prisión.
González "está bajo una renovada persecución penal por parte de la fiscalía", dijo la organización, que recordó que el activista había sido absuelto en marzo de 2007, pues "un juez encontró que el proceso penal fue infundado y sin evidencia" y que la fiscalía apeló.
"Pese a la documentación de procesos penales sin fundamento contra defensores de los derechos humanos, el Estado colombiano y en particular la Fiscalía General siguen negando la existencia de estos procesos penales que violan el debido proceso", agregó HRF, que pidió el cierre las investigaciones contra los tres activistas.
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