Washington.- El consejero delegado de AIG, Edward Liddy, tendrá que explicar hoy ante legisladores indignados con el pago de millonarias bonificaciones a ejecutivos que provocaron con su mala gestión la intervención pública de la empresa para evitar la quiebra.
Liddy comparecerá ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en un momento de gran indignación en la sociedad estadounidense y en la clase política porque AIG desembolsó 165 millones de dólares en bonificaciones después de que el Gobierno de EE.UU. acudiera a su rescate.
En una carta de opinión publicada hoy en el diario The Washington Post, Liddy dijo que la indignación de la opinión pública es "entendible" y reconoció que "se cometieron errores en AIG, y en una escala que pocos hubiesen imaginado posible", desde 1987 y que eventualmente condujeron a una crisis de liquidez.
"Los errores han tenido un alto costo no solo para la compañía y sus empleados, sino también para el contribuyente estadounidense, las finanzas del Gobierno federal y la economía global", afirmó en su mea culpa.
Asimismo, señaló que la experiencia aleccionadora de AIG destaca la necesidad de poner en marcha reformas estructurales y "salvaguardas contra las consecuencias sistémicas del fracaso de instituciones financieras grandes e interconectadas".
"En EE.UU., cuando le debes dinero a alguien, le pagas. Estamos avanzando en nuestro plan para regresar el dinero a los contribuyentes, proteger a los accionistas y dar a los empleados una visión de éxito y un rumbo para lograrlo", prometió Liddy.
Por último, indicó que con la "paciencia" del pueblo estadounidense y el continuo apoyo del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal podrán "resolver los retos de AIG y ayudar a sus negocios a contribuir a la recuperación de la economía global".
Pero el estupor en Washington es grande y, según fuentes oficiales, el presidente Barack Obama se enteró del pago de las primas el jueves, un día antes de que fuesen desembolsadas y dos después de que el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, fuese informado.
El pago se efectuó el pasado viernes a un total de 73 ejecutivos con importes que variaban entre 1 millón a 6,4 millones, según el fiscal de Nueva York, Andrew Cuomo, quien entregó información sobre el desembolso, aunque no de los receptores, al presidente del Comité de Servicios Financieros de la cámara baja, Barney Frank.
El escándalo podría tener consecuencias amplias, incluso para futuros planes de rescate de otras compañías estadounidenses, según han advertido los congresistas.
Líderes del Congreso sopesan varias medidas para restringir las bonificaciones de los ejecutivos de la aseguradora y recuperar, a través de impuestos, parte de los 170.000 millones de dólares que la empresa obtuvo del Gobierno.
La Administración Obama posee el 80 por ciento del capital social de AIG a raíz del rescate de la compañía.
Los demócratas del Senado analizan la posibilidad de imponer impuestos a las bonificaciones por hasta un 91 por ciento, si la aseguradora no devuelve el dinero de forma voluntaria.
Entre las medidas que estudia el Congreso figuran autorizar al fiscal general de EE.UU. a que recupere el dinero que han pagado en compensaciones "excesivas" firmas como AIG que se beneficiaron de la ayuda del Gobierno y prohibir el abuso en las primas.
La última propuesta llegó hoy de la mano de Frank, quien consideró que el Congreso debe revisar una ley de la época de la "Gran Depresión" que la Reserva Federal usó para conceder a AIG la inyección inicial del Gobierno para evitar su quiebra.
El legislador demócrata alegó en una entrevista con la cadena CBS que el Congreso no tenía nada que decir en la decisión del Gobierno de inyectar en AIG millones de dólares procedentes de los impuestos de los estadounidenses.
Mientras, los republicanos culpan al Gobierno de Obama de no haber hecho lo suficiente para evitar que los ejecutivos pudiesen recibir esas bonificaciones.
En el ojo de la tormenta está Geithner, quien dijo anoche en una carta al Congreso que descontará las primas pagadas a los altos directivos de AIG de los 30.000 millones de dólares pendientes de entrega en la operación de rescate del gigante asegurador.
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