Oviedo.- Un treinta por ciento de las mujeres que ingresan en la Red Regional de Casas de Acogida de Asturias son inmigrantes a pesar de que este colectivo, integrado por 20.964 personas, sólo representa el 3,7 por ciento del total de mujeres empadronadas en el Principado.
Este dato refleja, según la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, María Fernández Campomanes, "los esfuerzos de las administraciones públicas para informar a la población están teniendo eficacia entre las víctimas extranjeras".
En un comunicado, Fernández Campomanes se ha referido así a las críticas realizadas ayer por la diputada regional del PP Cristina Coto, que reclamó del Gobierno regional la elaboración de un plan mujeres emigrantes víctimas de violencia machista.
Coto recordó que el colectivo de mujeres extranjeras suele ser el más perjudicado por estas agresiones dado que el 45 por ciento de las víctimas son extranjeras y un 40 por ciento de los agresores son inmigrantes, según datos nacionales.
La directora del Instituto Asturiano de la Mujer ha incidido además en que el pasado 13 de febrero el Consejo de Ministros aprobó la distribución de cinco millones de euros para garantizar la asistencia social a mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género, de los cuales a Asturias le corresponden 200.000 euros.
A su juicio, esta inyección económica permitirá reforzar el sistema de asistencia social integral para las mujeres inmigrantes y los hijos e hijas de las víctimas, que utilizan los servicios de atención a la violencia de género de la administración autonómica.
Para Fernández Campomanes, las declaraciones de Coto "obedecen a un simple oportunismo político y no a un interés real por mejorar la situación de las víctimas" como lo demuestra, a su juicio, su pretensión de que la Junta inste al Congreso a promover una reforma de la Ley de Extranjería.
Según la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género "ya regula la protección de las mujeres inmigrantes maltratadas en situación irregular" a través de diversas medidas.
"Coto ha demostrado su falta de sensibilidad con un problema tan serio ya que en ningún caso estas modificaciones pueden interpretarse como un coladero para las mujeres inmigrantes sino como una medida más para garantizar la asistencia integral a las víctimas en situación de mayor vulnerabilidad", concluye.
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