Oviedo.- Los colegios de abogados de Gijón y Oviedo han reclamado hoy a la administración regional que se habiliten los medios para que los letrados de turno de oficio adscritos al programa de sensibilización y prevención de la violencia de género puedan asesorar a las víctimas antes de que presenten denuncia.
El decano del Colegio de Abogados de Gijón, Sergio Herrero, y un representante del de Oviedo, Ignacio Cuesta, han comparecido hoy en la Junta General para informar de la aplicación del programa del Principado de sensibilización y prevención de la violencia de género.
También han comparecido el fiscal especial de Violencia de Género, Gabriel Bernal, una responsable de la Red Regional de Casas de Acogida, Ivana Magdalena Benavente, y otra de la Asociación de Mujeres "Simone de Beauvoir", Natalia González.
El programa de sensibilización y prevención de la violencia de género, que fue aprobado el 23 de abril del pasado año, cuenta con una dotación de recursos que asciende a 1.300.000 euros.
Este programa tiene su origen en el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, que se concreta y adapta a la Comunidad Autónoma, y en el Protocolo Interdepartamental para la Mejora de la Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
De esta forma, el Programa detalla las actuaciones que el Gobierno del Principado desarrollará en esta materia.
Los principales objetivos de este Programa son mejorar la respuesta frente a la violencia para lo que las acciones se centran en aquellos ámbitos profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género (Salud, Servicios sociales, Justicia, Igualdad de Oportunidades y Laboral).
También persigue un cambio en el modelo de relación social y en este sentido el programa dirige sus iniciativas a aquellos ámbitos que contribuyen a crear un imaginario social y con ello la imagen de mujeres y hombres estableciendo modelos de relación entre los sexos: el sistema educativo y los medios de comunicación.
Los representantes de los colegios de abogados de Oviedo y Gijón han explicado que en la actualidad diez letrados de turno de oficio cubren toda la región -7 en Oviedo y 3 en Gijón- y han destacado que la asistencia a las víctimas está funcionando "razonablemente bien" como demuestra el hecho de que desde la aplicación del programa no se haya presentado ninguna queja.
No obstante, han reclamado a la administración que iguale lo que cobran estos letrados con el resto de abogados que hacen guardias de turno de oficio de 24 horas, 85 frente a 150 euros.
En ese sentido, el decano del Colegio de Gijón ha advertido de que se da el contrasentido de que el letrado que asiste al supuesto agresor cobre 150 euros, mientras que el que defiende a la víctima se queda en los 85 euros estipulados actualmente.
En lo que sí han hecho especial hincapié ambos juristas es en la necesidad de modificar el procedimiento para que los abogados puedan asesorar a las víctimas antes de que se presenten las denuncias y ha indicado que de esta forma se puede mejorar la asistencia jurídica.
Herrero ha señalado que en Gijón el "acompañamiento" a las víctimas se está registrando en un número creciente de casos aunque ha reconocido que todavía no alcanza a todas a las actuaciones.
A preguntas de la diputada del PP Cristina Coto, el fiscal especial de Género ha reiterado su rechazo a la obligatoriedad de imponer una orden de alejamiento en todas las condenas por violencia familiar, según exige la ley.
Para Bernal, la práctica diaria demuestra que hay ocasiones en las que esta medida no está justificada y vulnera el derecho de la víctima a mantener contacto con el agresor.
El fiscal ha señalado que además que, además, esta medida acarrea problemas como quebrantamientos de condena constantes por parte de los agresores.
Al respecto, Bernal ha recordado que el Tribunal Supremo, tras una primera sentencia en que establecía que si la víctima permitía el quebrantamiento de la orden de alejamiento no había delito, ha corregido esta línea y ahora considera que sí lo hay "lo quiera o no la víctima".
Por último, ha aconsejado que no se expulse del país a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género en situación irregular para poder continuar con el procedimiento y acreditar el delito.
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