Madrid.- El pleno del Congreso debatirá hoy dos iniciativas sobre las lenguas cooficiales: una de ellas, una moción de ERC sobre su uso en la Administración pública, y la segunda, una proposición de ley de UPyD para prevenir y erradicar la discriminación lingüística.
En el texto de ERC se aboga por el reconocimiento de las lenguas oficiales distintas al castellano, en consonancia con el carácter plurilingüe del Estado español, y se defiende su normalización en todas las esferas de la vida pública.
En la moción, se insta al Gobierno a promover el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en la Cámara Baja y a presentar en el plazo de treinta días un plan de actuación para normalizar el uso de lenguas oficiales distintas del castellano en la Administración del Estado.
También se pide al Ejecutivo que presente antes de la finalización del actual periodo de sesiones un plan para el fomento, la difusión y protección de la lengua catalana, así como de otras lenguas oficiales distintas del castellano.
Asimismo, plantea al Gobierno que emprenda las actuaciones necesarias para dar cumplimiento al Estatuto de Cataluña en cuanto al reconocimiento de la oficialidad de la lengua catalana en la Unión Europea, su utilización en los organismos internacionales y en los tratados internacionales de contenido cultural y lingüístico.
Por su parte, la proposición de ley de UPyD pretende "garantizar la igualdad y la libertad de elección de lengua en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales".
La iniciativa propone regular el contenido esencial y las condiciones básicas del ejercicio de derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, para eliminar y corregir toda forma de discriminación por razones lingüísticas, además de establecer las obligaciones de actuación de los poderes públicos.
El texto señala que los servicios sociales básicos ofrecerán atención en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas bilingües y la educación en todos sus niveles ofrecerá itinerarios educativos en esas lenguas.
Además, en la proposición de ley se resalta que a ningún ciudadano se le podrá exigir el uso de cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con los poderes públicos.
Según el texto de UPyD, los ciudadanos tienen derecho a que las Administraciones públicas se mantengan neutrales en lo que respecta a las preferencias lingüísticas de las personas, tanto físicas como jurídicas, a la hora de emplear una u otra lengua oficial.
Las Administraciones públicas, añade la propuesta, adoptarán todas las disposiciones necesarias para la prevención y erradicación de todas las medidas de política lingüística que pudieran resultar discriminatorias y contrarias a la libertad e igualdad que establece la Constitución.
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