El Gobierno rechaza cualquier uso de las lenguas que separe a los ciudadanos

Madrid.-  El Gobierno rechaza cualquier utilización de las lenguas oficiales que contribuya a separar "artificialmente" a los ciudadanos en materia lingüística.

Así responde por escrito a una pregunta formulada por el senador del PP por La Rioja José Luis Bermejo sobre la posición del Ejecutivo con respecto a la campaña de adhesión al "manifiesto por la lengua común".

El manifiesto reivindica la importancia del castellano como lengua común para el "juego político" de la democracia y su posición asimétrica respecto al resto de lenguas oficiales, al ser la "universalmente oficial" de todo el Estado.

Desde el respeto a cualquier manifestación expresada por cauces democráticos y dentro de la Constitución, el Gobierno reitera su compromiso con el cumplimiento de la Carta Magna, los Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico en la garantía del derecho de los ciudadanos a la utilización del castellano y de las demás lenguas cooficiales.

El Ejecutivo expresa su posición de defensa, respeto y protección de las lenguas oficiales como elemento esencial para la convivencia y, por tanto, rechaza cualquier utilización que contribuya a separar artificialmente a los ciudadanos en materia lingüística.

La senadora del PP por Ceuta Luz Elena Sanín también ha planteado una pregunta escrita sobre las razones del Gobierno para incentivar el conocimiento de la lengua castellana en el extranjero a través del Plan África cuando en España no adopta ninguna medida para impedir la "exclusión" que sufre en algunas comunidades autónomas.

En su respuesta, el Ejecutivo subraya que, en el ámbito de sus competencias, realiza todas las actuaciones precisas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos de los ciudadanos tanto en relación con el castellano como con las demás lenguas cooficiales.

La Constitución establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla, así como el derecho a usarla, señala el Gobierno.

Respecto a las demás lenguas españolas, la Carta Magna recoge que "serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos", de forma que, de la cooficialidad de las lenguas propias en las respectivas comunidades autónomas, surge un derecho que tiene un contenido territorial, añade el Ejecutivo.

El Gobierno detalla que la instancia competencial, Estado o comunidades autónomas, para regular el uso de la lengua en cada ámbito material, está en función del orden de distribución competencial existente en cada materia.

En una sentencia de 1994, el Tribunal Constitucional dice que el Estado y las comunidades autónomas están facultados para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una comunidad autónoma como lenguas de comunicación en la enseñanza, de conformidad con el reparto de competencias en materia de educación.

El Tribunal Constitucional afirma en otra sentencia de 1997 que en las materias reservadas a la competencia estatal es el Estado el que debe llevar a cabo esa regulación del uso de la lengua en ese ámbito material, y agrega que "en los ámbitos de competencia estatal la competencia autonómica no puede imponer el uso de la lengua".

En relación con el castellano, el Ejecutivo destaca que ha adoptado y adoptará las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los españoles a su aprendizaje y utilización, como es el caso, por ejemplo, de los reales decretos sobre enseñanzas mínimas en educación primaria y en educación secundaria obligatoria, en lo que se refiere a las horas de lengua castellana y literatura.