Toledo.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha firmado hoy en Toledo en representación de España la adhesión al Convenio 201 del Consejo de Europa, referido a la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, que para su ratificación implica una reforma del Código Penal.
Ésta ya está prevista por el Gobierno, según ha explicado Caamaño durante el discurso de apertura de una conferencia internacional sobre la materia que se celebra en Toledo con delegaciones de los 47 estados miembros del Consejo de Europa.
Con las firmas hoy de España y de Georgia son ya 35 los estados que se han adherido al convenio, mientras que de ellos tan sólo Grecia lo ha ratificado de momento y entrará en vigor cuando sean cinco las ratificaciones.
Además de medidas de prevención o de investigación criminal, el convenio incluye también la tipificación como delitos de la prostitución infantil, la pornografía infantil y el 'grooming' (proposiciones a niños con fines sexuales), con especial atención al uso de internet.
En una rueda de prensa tras la inauguración de la conferencia, la secretaria general del Consejo de Europa, Maud de Boer-Buquiccio, ha confiado en que "antes de final de año" tanto España como la mayoría de los 34 estados signatarios puedan ratificar el convenio, aunque ha comprendido las "prioridades legislativas" de cada ordenamiento.
Caamaño ha explicado que en el caso español ya existe un anteproyecto de reforma del Código Penal aprobado para su remisión al Consejo de Ministros y que "será enviado al parlamento en los próximos meses".
En él "se refuerza", ha dicho Caamaño, la protección para los menores con la creación tanto de nuevos tipos delictivos como de circunstancias agravantes de las penas.
Por ejemplo, que existan nuevos delitos específicos para los abusos o agresiones sexuales a menores de trece años, o respecto a la captación de niños para que participen en espectáculos de naturaleza pornográfica, entre otros.
El ministro ha indicado que la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el caso de la niña italiana María Pupino ha sido tomada como una de las referencias para la reforma penal española.
Caamaño ha recordado que el Convenio 201 tuvo su origen en octubre de 2007 en una conferencia ministerial del Consejo de Europa en la isla canaria de Lanzarote -de ahí que sea conocido como Convenio de Lanzarote- y ha destacado el papel del Consejo de Europa "a la vanguardia jurídica de los derechos".
También ha expresado su deseo de que la conferencia internacional de Toledo dé una "respuesta integral" a los abusos a menores, cuya vulnerabilidad ante la pornografía "crece exponencialmente" con el desarrollo de las nuevas tecnologías.
De Boer-Buquiccio ha destacado que el convenio es "bastante innovador" en cuanto a las nuevas normas penales y ha instado a la adhesión de más estados al convenio en respuesta al "carácter global" de las agresiones y abusos a menores, tanto por el uso de internet como por el turismo sexual internacional.
A la par de los cambios legislativos, la secretaria general del Consejo de Europa también ha pedido que haya cambios en la sociedad civil para que sea "absolutamente inaceptable" cualquier abuso sexual a menores.
Entre una y dos personas de cada diez han sufrido algún abuso sexual durante su infancia, ha dicho De Boer-Buquiccio, quien ve importante que los niños comprendan qué es correcto y qué no en su "curiosidad natural de descubrir el mundo", para lo que el convenio establece asimismo medidas educativas.
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