El alcalde de Nogueira de Ramuín dice que el coste de la licencia y los puestos trabajo compensan los daños en las obras

Nogueira Ramuín (Ourense).-  El alcalde de Nogueira de Ramuín, Julio Temes, explicó en entrevista a Efe que los posibles perjuicios que ocasionen las obras de la compañía Iberdrola en una ladera de los cañones del río Sil "se compensan con el millón de euros que cuesta la licencia de obras y por los empleos prometidos por la empresa".

Iberdrola tiene desde 2006 el proyecto de redimensionar su presa de Santo Estevo, en el río Sil, para duplicar su producción energética, con la instalación de turbinas subterráneas en la ladera.

El día 30 de julio de 2008 obtuvo la licencia municipal para una primera fase que consiste en construir "galerías de reconocimiento del macizo rocoso en suelo rústico de espacios naturales protegidos", según la documentación a la que tuvo acceso Efe, y tiene un máximo de tres años para hacerlas.

En la licencia consta una tasa de 9.600 euros y otra correspondiente a un impuesto de construcción cuyo valor es 105.625 euros para esta primera fase, pero se completará con otra que seguirá las obras durante cinco años y supondrá un ingreso para el Ayuntamiento de un millón de euros, sólo en licencias, según Temes.

Ante las denuncias y quejas de grupos ecologistas y empresariales, unidos en la Plataforma en Defensa de la Ribeira Sacra, el regidor de Nogueira de Ramuín dijo que las obras son "legales" y beneficiosas, aunque no cubrieron hasta ahora las expectativas de empleo local creadas por la empresa, "pero esperamos que lo hagan en la siguiente fase del proyecto, cuyas autorizaciones están en trámite", matizó.

En ese sentido, dijo que ahora los trabajos se hacen con empleados de las empresas constructoras "de fuera" pero, al ser obras de larga duración, se registró un aumento en los alquileres de pisos, ocupaciones hoteleras y demanda de plazas en restaurantes.

Además, el municipio tiene 140 parados de los que 25 podrían tener trabajo en la siguiente fase "y tendremos resuelta así la tercera parte del desempleo local".

Con estos argumentos, Temes consideró compensados los daños provocados por las actuales obras, iniciadas en octubre de 2008, como la desaparición de cinco de los 15 kilómetros de la carretera que recorre el cañón del Sil entre Os Peares y el embarcadero del catamarán de Santo Estevo.

Son cinco kilómetros de carretera en el monte de A Rasa, que están casi inutilizados para los vehículos por el continuo paso de camiones pero ese tramo del vial es propiedad de Iberdrola, según explicó, y "muy poca cosa" en relación a los 30 kilómetros de Ribeira Sacra que hay entre Os Peares y Pobra de Trives.

También recordó que el proyecto destinará 800.000 euros para restituir la carretera al estado original y la restauración de una vieja cantera "que se rellena con los escombros generados en las actuales obras de prospección, para reducir su impacto visual".

La legalidad de las obras, según dijo, fue corroborada también por la nueva Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia que, tras inspeccionar la zona, determinó que la obra se ajusta al proyecto presentado.

Por su parte, el presidente de la Fundación Germán Estévez, con el mismo nombre, explicó a Efe que la obra se desarrolla en un espacio protegido por la Red Natura para perforar la montaña e instalar turbinas subterráneas que dupliquen el rendimiento de la vieja presa de Santo Estevo construida en 1955 "cuyos daños serán mucho mayores que la construcción de una presa nueva".

Añadió que el colectivo pidió a la Dirección General de Minas la revocación de su autorización para el uso de maquinaria pesada pues se está tramitando la declaración de Espacio Natural Protegido en la Xunta, para 56.000 hectáreas de la Ribeira Sacra y porque las obras se encuentran a un kilómetro del parador-monasterio de Santo Estevo declarado monumento histórico-artístico.

Además, la Asociación de Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) llevó su denuncia hasta la Unión Europea en cuyo Parlamento los diputados de "Galeusca" Josu Ortuondo y Ignasi Guardáns presentaron por escrito, y lo harán en próximos días por vía oral, una pregunta a la Comisión Europea sobre su conocimiento de las obras y su posible financiación con fondos europeos.