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La ecociudad de El Corvo es ilegal y sancionable penalmente, según un informe

EFE
Actualizado 10-03-2009 18:28 CET

Logroño.-  El concejal de desarrollo urbano en Logroño Miguel Gómez Ijalba ha declarado hoy que un informe externo sobre el desarrollo de la ecociudad en el Monte El Corvo de la capital riojana demuestra que es ilegal y sancionable penalmente.

El profesor y catedrático de derecho administrativo en la Universidad de Valencia, José Manuel Díaz Lema, autor del informe, llega a la conclusión de que la Ecociudad está proyectada sobre suelo no urbanizable protegido, según Gómez Ijalba.

En el informe Díaz Lema sostiene que la recalificación del monte del Corvo para la construcción de 3.000 viviendas confirma las irregularidades en el proceso de declaración de interés regional realizado por la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Según el informe, el suelo sobre el suelo en que se proyecta la ecociudad no cabe ningún tipo de transformación urbanística que, según el autor, podría ser sancionada penalmente.

Gómez Ijalba ha informado de que la ley de Ordenación del Territorio Urbanístico de la Rioja (LOTUR) sólo permite declarar de interés regional aquellas zonas no sometidas a protección y que esta declaración de interés de la ecociudad "sería un hecho delictivo".

Según el profesor Díaz Lema "tampoco existe la necesidad de suelo para viviendas de protección oficial", ya que el Ayuntamiento tiene en marcha la delimitación de seis sectores urbanísticos para la puesta en el mercado de 10.000 viviendas, más de 5.000 de ellas protección oficial.

También establece que es "incongruente" invocar el principio de sostenibilidad de la legislación estatal y acusa a la Comunidad de La Rioja de "buscar una excusa" para llevar a cabo esta actuación, amparándose en que "el desarrollo es sostenible".

El autor del informe asegura que hay "una imprevisión total" por parte de Comunidad Autónoma para llevarlo a cabo y que se trata de actuaciones "claramente urbanísticas" y en ningún caso para ayudar al medio ambiente.

Según el trabajo, el convenio suscrito entre la Consejería y los propietarios "es nulo de pleno derecho" porque invade asuntos como las infraestructuras municipales que son de incumbencia municipal, ha concluido Ijalba.

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