Brasilia.- El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Michel Temer, convocó para este lunes a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de los Grampos (escuchas), tras conocerse a través de la prensa nuevas denuncias sobre grabaciones telefónicas ilegales por parte de la Policía.
Temer, del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), citó a la CPI después que la revista de opinión Veja, en la edición que comenzó a circular este domingo, denunciara que el comisario Protógenes Queiroz investigó ilegalmente a autoridades y políticos mientras coordinaba una operación anticorrupción.
La operación "Satiagraha" de la Policía Federal (PF) llevó a prisión al banquero Daniel Dantas, al ex alcalde Sao Paulo Celso Pitta y al empresario libanés Naji Nahas, entre otras personas implicadas en un esquema de corrupción que beneficiaba a empresas y particulares y que responden ante la Justicia ahora en libertad.
En las nuevas denuncias, la publicación apunta que Queiroz investigó ilegalmente hasta la vida amorosa de la ministra-jefe de Casa Civil (Presidencia), Dilma Rousseff, la más probable candidata presidencial del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) para suceder al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2010.
El anterior ocupante de esa cartera ministerial e integrante del PT, José Dirceu, además del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, y los líderes opositores José Serra, gobernador de Sao Paulo, y Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de la República, habrían sido también investigados por Queiroz.
El ministro de Asuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, y el hijo de Lula, el empresario Fabio Luiz da Silva serían otras víctimas de la violación de su privacidad telefónica por parte del comisario policial.
Las pruebas, de acuerdo con la información, fueron aprehendidas en un ordenador portátil en la casa de Queiroz, en el que también se encontraron fotos de la vida particular de los implicados.
Queiroz, según el diario Folha de Sao Paulo, argumentó que investigó al hijo de Lula por una "petición presidencial", pues se temía que él fuera blanco de una organización criminal después que el joven empresario de videojuegos suscribiera en 2004 un millonario contrato con Brasil Telecom, en la época controlada con Dantas.
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